El SAS sacaba de sus centros vacunas de la gripe sin registro ni control

Andalucía es una de las cinco comunidades que no participa en la compra en bloque de la vacuna de la gripe que realizan 12 comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, el Ministerio de Defensa y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Andalucía licita por tanto el suministro de vacunas bajo condiciones particulares . Se trata de adjudicaciones anuales por procedimiento abierto. El último contrato se firmó en julio de 2018 mediante un acuerdo marco tramitado por vía de urgencia y en lotes para dos campañas con un coste de 10 millones de euros. La compra por campaña ronda desde 2009 los 1,2 millones de dosis, una cifra superior a las utilizadas (ningún año se ha alcanzado el millón de vacunaciones). Los contratos especificaban la posibilidad de devolver «al precio fijado en el contrato» todas las vacunas no utilizadas.

El pasado 14 de marzo el jefe de servicio de Prevención de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica –en el cargo desde 2016–, dirigió un correo interno a su director general para pedirle instrucciones. El funcionario preguntaba qué hacer con las cifras de vacunación de la gripe. «Hasta ahora, por decisión política, se incrementaba la tasa final un 10% basándose en un probable infraregistro», escribía el funcionario . «Habrá que decidir qué cifra comunicamos al Ministerio, si la que indican nuestros registros tal cual o debemos añadir algún porcentaje», concluía. El director general, José María Torres, tras desautorizar cualquier incremento ficticio de datos oficiales, se hizo la pregunta obligada: ¿Por qué se inflaban las cifras?

Una vez abierta la investigación se constató que la Junta elevó entre un 9 y un 14%las cifras de vacunados de los distintos grupos de riesgo (embarazadas, mayores de 65 años y personal sanitario) que tenía que remitir al Ministerio de Sanidad. De esta forma situó por encima de la media española los resultados de su gestión. Así, en la campaña 2017/2018, cuando ya estaba activo el sistema de registro a través de la plataforma informática Diraya del SAS, se declaró que se había vacunado al 35,3% de las embarazadas, cuando la tasa real fue del 27,7%. Un caso similar ocurrió con los mayores de 65 años. Para este colectivo la Junta dijo al Gobierno central que había vacunado al 33,2% de esta población , cuando la tasa real fue del 22,5%. Hay que tener en cuenta que la media de las comunidades autónomas está en el 29,4% para las embarazadas y el 31,1% para los mayores de 65 años. Si la tasa real en la campaña 2014-2015 fue del 45,3 la que comunicó al Ministerio se elevó hasta el 60%, inflándose en 182.000 personas sin constancia de que se vacunaran realmente. Entre 2012 y 2018 los vacunados ficticios andaluces ascienden a 853.716.

Ningún gestor de la anterior etapa ha podido aclarar hasta ahora el motivo por el que se maquillaban las estadísticas, más allá de que era un recurso por las vacunas que se hubieran olvidado «apuntar» a los responsables de los 80 centros sanitarios en los que se distribuían las dosis.

Comprobado el desfase entre el dato real y el «oficial» de vacunación, la pregunta era obligada. La Consejería ha cruzado durante estos meses los datos que constan en los Servicios Centrales y los distritos sanitarios sobre dosis compradas y distribuidas, utilizadas y devueltas. En todas las campañas hay un desfase de entre 136.878 dosis (campaña 2016/2017) y 273.875 dosis (campaña 2009/2010), que se consideran «dosis perdidas»porque no aparecen en ninguna estadística.

Hasta ahora, las explicaciones ofrecidas por el portavoz del PSOE, José Fiscal, que ha asumido el papel de portavoz de los anteriores gestores sanitarios, es que esas dosis se distribuyeron a otros colectivos «de riesgo», trasladando desde los distritos sanitarios vacunas a parques bomberos, comisarías de polícía, servicios de Protección Civil o residencias de ancianos. Esta explicación ofrece numerosas lagunas. La primera y principal es que no hay constancia documental de la salida de estas dosis de los centros de distribución , como han reconocido anteriores gestores del servicio de farmacia. La Subdirección de Farmacia y Prestaciones confirmaba el pasado 24 de octubre que no consta en sus archivos que hubiera ese suministro desde los centros autorizados y que de haber salido ese volumen de dosis –a una media de 200.000 cada año– habría sido sin su conocimiento.

El asunto deja muchas cuestiones en el aire que tendrá que descifrar la Fiscalía. Habrá que aclarar por qué no había registro ni control posterior de la salida de las dosis y cómo se solicitaban las mismas a los distritos sanitarios; si se respetaba el principio de igualdad de oportunidades entre los otros colectivos no incluidos en los propios «de riesgo» , así como el criterio que se utilizaba para otorgarlas. Hay que recordar que la Consejería de Salud es la que dicta los grupos de riesgo susceptibles de ser vacunados, el tipo de vacuna y las demás condiciones de uso para el medicamento, según consta en los contratos de compra. En los últimos años la administración de la vacuna en centros de salud estaba reservada a colectivos de riesgo tipo y se hacía bajo prescripción del médico de familia. Se dio por tanto la circunstancia de usuarios que tenían que recurrir a la compra de la vacuna a pesar de que la Junta tenía dosis de sobra.

Y, sobre todo, habrá que determinar si hubo menoscabo de fondos públicos, ya que el coste estimado de las 1,8 millones de dosis no registradas se estima en unos 6 millones de euros.