El fraude de las vacunas contra la gripe llegará a la Justicia

Se pondrá en conocimiento de la Fiscalía la investigación interna llevada a cabo por la consejería desde el mes de marzo cuando un correo interno desveló que por sistema y al menos desde 2012 existían «indicaciones políticas» para inflar las estadísticas sobre vacunación de la gripe que se remitían desde Andalucía al Ministerio de Sanidad incrementándose en un diez por ciento los resultados de la campaña para los grupos de riesgo de embarazadas, mayores de 65 años y personal sanitario.

El descubrimiento llevó a los nuevos gestores de la consejería a cruzar los datos estadísticos almacenados en el sistema informático Diraya sobre vacunas administradas y registradas en los centros de salud y los contratos de compra y devolución de dosis de cada campaña. De esta forma se ha concluido que en la última década habrían desaparecido algo más de 1,8 millones de dosis de la vacuna a pesar de que por contrato la Junta de Andalucía podía devolver a los laboratorios contratados las dosis sobrantes hasta un año después de su caducidad.

Se da el caso de que Andalucía está entre las cinco comunidades que no acude a la compra en bloque de estas vacunas que realiza el Ministerio y contrata directamente cada temporada.

El coste estimado de las dosis cuyo destino se desconoce superaría los 6 millones de euros, que serían 27 si se les aplicara el precio de venta al público en farmacia.

Según la investigación de la Consejería de Salud, entre 2009 y 2019 la Junta compró 12.672.033 de vacunas de la gripe, de las que 9.561.365 se pusieron y 1.284.875 se devolvieron , por lo que hay 1.825.793 que no aparecen.

Fue el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, quien hizo pública la denuncia de las vacunas «fantasmas» tras tratar el asunto en el Consejo de Gobierno en el Palacio de San Telmo la semana pasada. Bendodo afirmó que los ejecutivos socialistas «mintieron» al Gobierno central al decir que habían vacunado a un millón de andaluces «más de la cifra real».

Posteriormente, en la última sesión de control al Gobierno andaluz en el Parlamento , el presidente de la Junta, Juanma Moreno, desveló ese correo electrónico de un jefe de servicio de la Junta, en el que se recoge que dieron la orden «política» de inflar en un diez por ciento la cifra de vacunados.Moreno instó a dar explicaciones a la expresidenta de la Junta Susana Díaz y a la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, por haber sido consejera de Salud durante buena parte del periodo investigado.

Hasta ahora el PSOEno ha concretado el motivo por el que se engordaron por sistema las cifras remitidas al Ministerio y ha achacado el baile de cifras entre las vacunas adquiridas y las devueltas a que se emplearon para la vacunación fuera de los centros de salud a colectivos de riesgo en parques de bomberos, comisarías, Servicios de Protección Civil, residencias geriátricas, ayuntamientos y diputaciones. Pero nada de esto consta en los registros.

Un informe de la Subdirección General de Farmacia y Prestaciones del SAS confirmó este martes que en todo el periodo no tuvo constancia de que hubiera un suministro por parte de los centros autorizados a fuerzas de seguridad del Estado, bomberos, otro personal sanitario o trabajadores de residencias, ayuntamientos o diputaciones. «De haberse hecho sería sin el conocimiento de ese departamento», exponía el documento.