El tribunal libra a los ex altos cargos acusados de asistir al juicio del caso ERE durante meses

En la decisión adoptada por el presidente del tribunal, Juan Antonio Calle Peña , ha pesado el «perjuicio que causa su asistencia» al juicio oral dentro de esta macrocausa que ya lleva cuatro meses de rodaje y que tiene sesiones programadas hasta el mes de noviembre. El magistrado ha indicado que la asistencia es un derecho que tienen los acusados al que «se puede renunciar» durante la siguiente fase del juicio, que vendrán marcada por la práctica de las pruebas y la declaración de los testigos.

Este martes ha terminado la ronda de declaraciones de los acusados con la comparecencia de Juan Francisco Sánchez García , que fue secretario general técnico de las consejerías de Empleo e Innovación.

Uno a uno, los distintos acusados, han sido nombrados por el presidente de la sala y han ido renunciando expresamente a su derecho de asistencia. Dos de ellos, el expresidente Manuel Chaves y el ex interventor de la Junta Manuel Gómez incluso han agradecido la decisión del tribunal en el acto de su renuncia.

El tribunal cree que deben reincorporarse en el momento en que se presenten las conclusiones definitivas, fase final del juicio en la que las acusaciones del Ministerio Fiscal, el PP andaluz y Manos Limpias pueden modificar sus conclusiones. También estarán presentes en su alegato final.

La iniciativa partió de Pablo Jiménez de Parga , el letrado de Manuel Chaves, quien cuando iba a acabar la sesión de este martes tomó la palabra para pedir que se eximiera a su defendido de asistir al resto del juicio amparándose en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El abogado ha defendido que los acusados no pueden intervenir durante la siguiente fase, hasta el derecho a la última palabra.

« Lleva ya cuatro meses de juicio oral y quedan varios meses de prueba pericial y testifical, que se refieren a hechos que no tienen nada que ver con los hechos que se le imputan en este caso», indicó Jiménez de Parga, quien alegó que la ausencia de Chaves en el juicio no afecta a los derechos de ninguna de las partes procesales, por lo que cualquier oposición a la petición obedecería, según dijo, a cuestiones extraprocesales.

Además, Jiménez de Parga ha hecho notar que los acusados tienen acceso a las grabaciones del juicio en las siguientes 24 y 48 horas, por lo que tal derecho de defensa estaría preservado.

Tras Jiménez de Parga, el tribunal escuchó a todos los letrados de la defensa, que se adhirieron a esta petición esgrimiendo cuestiones materiales como el gasto «gravoso» que supone desplazarse de lunes a miércoles a la Audiencia para algunos defendidos que viven fuera de Sevilla, como los exconsejeros Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías, que residen en Madrid . También adujeron problemas de salud o la incompatibilidad entre la obligación de asistir y cumplir con su trabajo.

El abogado José María García Quílez , defensa del exviceconsejero de Economía José Salgueiro, argumentó, además, que en otras macrocausas en las que ha participado, como el caso Mercasevilla o el caso Betis, se eximió a los acusados del deber de asistir a la sala.

El letrado de Griñán y del exdirector de Presupuestos Antonio Vicente Lozano ha defendido que su ausencia en las sesiones del juicio oral no contraviene las normas que rigen el proceso penal ni la Ley de Enjuiciamiento Criminal. José María Mohedano recordó el precedente del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, quien fue eximido de asistir a uno de los juicios a los que se ha enfrentado al encontrarse en la prisión.

La Fiscalía Anticorrupción no se ha opuesto «a que se dispense de la obligación de asistir a la práctica de las pruebas, sin perjuicio de asistir a las sesiones que tengan interés» para ellos y recordó que las sesiones se graban y se distribuyen entre las partes del juicio.

El sindicato Manos Limpias también consideró «justa y atendible» la petición de las defensas. Sólo la letrada del PP, Lourdes Fuster , rechazó esta dispensa de asistir, a excepción de los casos en los que deban acudir a una cita médica, e invocó el artículo 786.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En enero, el tribunal programó inicialmente 94 sesiones hasta el 31 de octubre próximo dentro del juicio por el diseño y mantenimiento de un sistema que permitió durante una década repartir «de forma arbitraria» y sin control 855 millones de euros en ayudas entre empresas en crisis y prejubilados.