Macharaviaya, el pueblo de la Axarquía que tardó 18 años en conseguir luz verde para su PGOU

Macharaviaya es un ejemplo de lo farragosa que resulta la actual Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Un precedente, como tantos otros PGOU tumbados por los tribunales, que la consejera Marifrán Carazo, espera que no vuelva a producirse. Uno de los objetivos de la nueva ley del suelo, conocida como Lista, es simplificar e integrar en un único texto legal el laberinto en que se había convertido la regulación en materia de ordenación del territorio y urbanismo. Producía paradojas como que un PGOU, la guía que marca el crecimiento de las ciudades y pueblos , tardara entre ocho y diez años de media en tramitarse, más de lo que duran en vigor. La idea es acortar el plazo a dos años.

La Lista podía haberse aprobado en el mes de mayo, pero se han perdido seis meses, debido más al tacticismo político que a discrepancias insalvables. Vox la dejó caer y facilitó con su abstención que saliera adelante la enmienda a la totalidad de Podemos, que está en sus antípodas ideológicas. Se cruzó por medio la guerra desatada entre Pablo Casado y Santiago Abascal, quién reclamó a través del Twitter elecciones anticipadas en Andalucía . En el trámite de enmiendas, la filosofía del texto no ha cambiado. Incorpora ajustes como el silencio positivo para el ciudadano y la declaración responsable, a petición de Vox. Además, es heredera del anteproyecto de ley que aprobó el Gobierno de Susana Díaz en 2017, que no pudo culminar tras perder la Junta.

Su aprobación es un punto y aparte porque restan los reglamentos que deben desarrollarla. Entrará en vigor veinte días después de su publicación en el BOJA. Los alcaldes, que han introducido mejoras a través de la FAMP y el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales , que preside Francisco Toscano (PSOE), la van a recibir como agua de mayo, aunque sólo sea para no tener que esperar 18 años como Macharaviaya.