El Gobierno andaluz desbloquea la nueva Ley del Suelo con la abstención del PSOE y el apoyo de Vox

La nueva ley está aún a la espera de recibir luz verde en un Pleno de la Cámara autonómica para el que todavía no hay fecha. El portavoz adjunto del PSOE, Gerardo Sánchez, ha dejado la puerta abierta a alcanzar un acuerdo, que le reclaman muchos de los alcaldes de esta formación que han visto paralizados sus planes generales de ordenación urbana por la inseguridad jurídica generada por la anterior ley, conocida como LOUA. « No vamos a contribuir a un bloqueo del Gobierno que perjudique a los andaluces », ha asegurado, entre reproches al PP por no hacer lo mismo cuando era el PSOE el que gobernaba la comunidad.

La norma salva, pues, el escollo al segundo intento, después de una tramitación urgente del proyecto en la que se han tenido que estudiar en torno a 800 enmiendas de los distintos grupos. El Ejecutivo de Juanma Moreno rompe así el bloqueo que se produjo en el mes de mayo pasado, cuando el partido de Santiago Abascal, su principal apoyo parlamentario , dejó caer la norma al facilitar con su abstención que saliera adelante la enmienda a la totalidad del grupo Adelante Andalucía (la confluencia electoral de Podemos e Izquierda Unida). El PSOE, dirigido por Susana Díaz (que ha sido relevada por Juan Espadas), se sumó en el último minuto al bloqueo para infligir la primera gran derrota al Gobierno de coalición del PP y Ciudadanos en el Parlamento.

Durante el debate de las enmiendas, los socialistas han justificado su abstención por el rechazo de 18 enmiendas de las 50 que habían presentado . «Algunas en temas importantes que hacen que ese acuerdo manifestado por el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, no sea posible tenerlo cerrado», ha precisado el portavoz de esta formación. PP y Ciudadanos han aceptado por completo 8 enmiendas del PSOE y otras 22 enmiendas transaccionales.

El «principal escollo» del PSOE al texto legal es que se «permitan construir viviendas unifamiliares aisladas en suelo rústico no vinculadas a usos agrícolas, ganaderos o turísticos. «Supone la liberalización de la construcción en el campo», ha asegurado Gerardo Sánchez, que en la rueda de prensa posterior ha anunciado que cuenta con el apoyo de Ciudadanos en esta demanda. La otra diferencia es la desafección de vías pecuarias en el caso de que no tengan uso ganadero.

En su comparecencia ante los periodistas junto al responsable de Transición Ecológica del PSOE-A-, Rafael Márquez, Gerardo Sánchez ha planteado como una condición indispensable que se cambie este punto para transitar desde la abstención al acuerdo: «Si no se modifica la posibilidad de construir viviendas en suelo rústico, nuestro grupo se va a oponer a esta ley». No obstante, insiste en continuar con la negociación para la norma alcance el mayor consenso posible.

Por su parte, el portavoz de Vox, Alejandro Hernández , ha manifestado su «sintonía» con el texto legal, aunque seguirá defendiendo algunas enmiendas que no han sido aceptadas. Uno de los aspectos más criticados por la izquierda es que la norma abre la vía para regularizar a más de 300.000 familias las casas donde viven levantadas de forma ilegal en suelos no urbanizables. Vox asegura que la norma «cierra en falso el problema» de estas viviendas. Su principal contribución a la norma es que la aprobación de determinados trámites administrativos mediante silencio positivo.

El proceso de adaptación a la LOUA resulta tan farragoso y complejo que ha provocado que los ayuntamientos consuman más tiempo en elaborar sus Planes Generales de Ordenación Urbanística (PGOU) – entre ocho y diez años de media – que lo que duran en vigor. La consecuencia es un freno a la actividad económica: promociones de pisos que no se ejecutan, inversiones paralizadas y más de 300.000 familias residentes en viviendas irregulares que no salen del limbo jurídico en el que están sumidas, sin acceso, muchas de ellas, a enganches de agua y luz .

La Lista trata de resolver este galimatías jurídico y ajusta la regulación autonómica a la ley estatal . El nuevo texto legal establece dos categorías de suelo: el urbano y el rústico , frente al desfasado modelo actual, que distingue entre urbano, urbanizable y no urbanizable.

El portavoz del PP en la citada comisión, Juan Bueno , ha defendido la simplificación y agilización administrativa que propugna esta ley y ha puntualizado que la regulación de las viviendas irregulares existentes «no significa acolmatar y llenar de bloques el campo». « Los alcaldes están esperando esta ley como agua de mayo », ha resaltado, tras recordar que «la mayoría de municipios de Andalucía no tienen Planes Generales de Ordenación Urbana y eso es para hacérselo mirar».

En su intervención, el diputado de Ciudadanos Juan de Dios Sánchez López ha puesto de manifiesto que la norma recoge «la mitad» del borrador que realizó el PSOE cuando gobernaba la Junta de Andalucía. Frente a las críticas y reproches de la izquierda, ha asegurado que se recogen herramientas para «evitar la especulación» .

Inmaculada Nieto , portavoz de Unidas Podemos por Andalucía, ha cuestionado la tramitación por vía de urgencia del proyecto porque, a su juicio, resta seguridad jurídica en los elementos fundamentales que aborda . Ha argumentado que la planificación territorial que establece «no es consecuente» con problemas como el déficit de agua y que va a «agravar» muchos de los males actuales.

Los diputados no adscritos afines a la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, por su parte, han abundado en la idea de que la Lista «va a abocar a una nueva burbuja inmobiliaria ». «La revolución verde de Moreno Bonilla no va más allá del green de los campos de golf», ha comentado en la comisión la diputada Ángela Aguilera.