El Presupuesto y tres leyes, las prioridades del nuevo Gobierno andaluz

Es evidente que el primer asunto relevante que llegará al nuevo Parlamento de Andalucía será el Presupuesto 2023. El equipo de la Consejería de Hacienda está trabajando en el proyecto que deberá aprobar el Consejo de Gobierno en octubre por lo que el sustituto del todavía consejero de Hacienda y Financiación Europea Juan Bravo —¿saldrá de la propia consejería?— ya tendrá una buena parte del trabajo hecho. Moreno basó el adelanto electoral en el argumento de la necesidad de tener un Presupuesto para 2023 aprobado en tiempo y forma por lo que las cuentas saldrán adelante antes de finales de año y entrarán en vigor el 1 de enero.

Un dato clave a tener en cuenta es que todos los proyectos legislativos que se estaban tramitando ya no existen. Han decaído y deberán volver a tramitarse desde el inicio. Las urnas han elegido un Parlamento nuevo que deberá iniciar todos los trámites, informes y plazos necesarios para aprobar las leyes conforme establece el ordenamiento jurídico.

Las prioridades del nuevo Ejecutivo pasan por tres leyes. La primera es la de Economía Circular, el texto normativo que daba sustento a toda la «revolución verde» que Moreno ha pregonado en la XI Legislatura que acaba de terminar. El texto estaba ya completamente redactado, consensuado y dialogado con los grupos políticos y los sectores empresariales y económicos, e iba a aprobarse en el pleno previsto para los días 23 y 24 de marzo pero el decreto del presidente convocando las elecciones para el 19-J y disolviendo el Parlamento impidió la celebración de esta sesión.

Ahora habrá que iniciar la tramitación teniendo en cuenta que hay nuevos diputados que pueden aportar otras enmiendas o consideraciones al texto que ya estaba redactado y que se prevé que es el que el Gobierno andaluz vuelva a enviar a la Cámara.

La Ley de Función Pública también es clave. Tras años de precariedad, Elías Bendodo y Antonio Sanz habían conseguido consensuar un texto para clarificar la situación de los empleados públicos de la Junta —son 250.000 en números redondos— así como para regular los accesos a la administración. También se reiniciará aunque con la ventaja de que los sindicatos no han cambiado.

La tercera ley que se debatirá en la Cámara es mucho más polémica. Se trata de la Ley de regularización de los regadíos de la Corona Norte de Doñana. Un texto que en la anterior legislatura registraron los grupos políticos de PP, Ciudadanos y Vox en dos proposiciones separadas aunque iguales en el fondo. Los líderes del PP se han comprometido con los agricultores de la zona en resolver un problema de años; los del PSOE también quieren que este asunto acabe cuanto antes y desde Vox también están con los agricultores. Pero el Gobierno central se opone y todos los ojos de Europa están puestos en esta zona colindante con el Parque de Doñana.

En este texto normativo es clave tener en cuenta que en mayo de 2023 hay elecciones municipales y hay cinco pueblos afectados.

Estas tres leyes no son las únicas que se han quedado en el cajón. El Gobierno andaluz trató de crear un Instituto Andaluz de la Salud para aglutinar todas las empresas públicas sanitarias de la Junta, incluyendo el SAS, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061 o la Escuela Andaluza de Salud Pública. Un ambicioso proyecto que ahora deberá retomar o desechar.

Lo mismo sucede con la Ley de Policías Locales, una norma ampliamente esperada, que modernizaba al sector y le daba a los ayuntamientos pequeños un respiro al poder conveniar también estos servicios con otros municipios limítrofes. Había un importante acuerdo por lo que es previsible que la normativa vuelva a tramitarse en los mismos términos o muy similares.

El Gobierno andaluz ha dado un importante empuje a infraestructuras pendientes en la comunidad autónoma. Sobre todo en lo que se refiere a metros (Granada, Málaga, Sevilla, o el tranvía Bahía de Cádiz o el de Jaén) y también a reparación de carreteras pero la consejera Marifrán Carazo presentó un ambicioso plan de trenes exprés para unir las capitales andaluzas en un tiempo aproximado de una hora aprovechando la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) y a través de un operador privado.

En este capítulo está marcado en rojo el desdoble de la carretera de Almonte a Matalascañas , una reivindicación histórica en la zona que lleva años de retraso.

Las infraestructuras sanitarias prometidas sí que han seguido su curso administrativo aunque dependerán de los fondos que les consignen las cuentas de la Junta para el próximo ejercicio. El Gobierno andaluz se ha comprometido a levantar el tercer hospital de Málaga, el Hospital de Cádiz, el Maternal de Huelva y al terminar el Militar de Sevilla , además de poner en funcionamiento los chare de Lepe y la Sierra de Aracena.

A todo esto habrá que añadir los compromisos que presente Juanma Moreno en su discurso de investidura que se producirá, si se cumple lo previsto, el próximo 22 de julio en el Parlamento andaluz.