El perito del Estado en el juicio del caso ERE: «En mi vida encontré tal cúmulo de irregularidades»

Lo expresó con estas palabras el martes por la tarde delante del tribunal que debe sentenciar a dos expresidentes autonómicos, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y a otros 20 ex altos cargos por montar un sistema que supuestamente burló las reglas de transparencia y control administrativo en el reparto de 850 millones de euros entre 2000 y 2011.

Turrión, jefe del equipo de peritos judiciales que analizaron las 270 ayudas concedidas, recordó en el juicio que la Intervención de la Junta detectó hasta 18 «irregularidades graves» en una veintena de expedientes de subvenciones examinados. Las deficiencias, plasmadas en un informe adicional que remitió a tres consejerías en 2005, iban desde el crédito usado «indebido» a la falta de competencia de quien las concedía, la ausencia de solicitudes o de memorias que acreditaran el interés público de las ayudas.

«¿ Cuántas cosas mal tenían que haber hecho el consejero de Empleo, el director general de Trabajo o IFA/IDEA para apreciar la existencia de menoscabo?», se cuestionó. En el caso ERE «nunca se cumplió nada». «Yo no sé qué más cúmulo de irregularidades se puede uno imaginar», subrayó aunque entiende que la Intervención General de la Junta tuviera otro criterio y no apreciara indicios de menoscabo de fondos y, por este motivo, no emitiera un informe de actuación, una fórmula de máxima alerta que habría obligado, sí o sí, a actuar a Griñán, consejero de Hacienda, y a Manuel Chaves.

El fiscal le preguntó a los peritos judiciales y de parte si el Consejo de Gobierno conoció las irregularidades , dado que había recibido memorias de los informes de control financiero permanente de IFA/IDEA (la agencia pública que abonaba las ayudas) donde el interventor ponía de manifiesto que usaban de forma indebida las transferencias de financiación para pagar subvenciones excepcionales, evitando así su fiscalización. Turrión estimó que el máximo órgano ejecutivo lo «conocía, pero no puedo saber si lo leyó».

Juan Zornoza, perito propuesto por Griñán, insistió en que la Intervención de la Junta plasmó en la memoria de 2006 «inadecuaciones e irregularidades». « No hubo ningún informe de actuación aunque al señor Turrión le hubiera gustado que lo hubiera. Quien tenía que emitirlo no apreció el riesgo de menoscabo y no se advirtió [al consejero de Hacienda], por lo que no pudieron hacer nada para evitarlo», contestó al fiscal. A toro pasado y a la vista de lo ocurrido, «es muy fácil encontrar responsables que debieran haberlo visto, pero es muy injusto», dijo.

Para Turrión, el papel de Hacienda no fue «insignificante» en el rompecabezas de los ERE porque era quien elaboraba los presupuestos y éstos estaban «falseados» para dar subvenciones con un mecanismo inadecuado , las transferencias de financiación.

Varios peritos de parte entraron en el terreno de la descalificación hacia el experto del Estado. Zornoza fue reprendido por el tribunal tras tacharlo de « experto en la maniobra de diversión » por poner en su boca «palabras que no he dicho». Luego pidió perdón. Juan Ramallo, perito de Magdalena Álvarez, cuestionó la capacidad del perito judicial para analizar las normas porque «la interpretación sistemática» de las leyes se estudia en Derecho y no en Económicas. Dándose por aludido, Turrión replicó que las pruebas para ser interventor, con 300 temas, «son unas de las oposiciones con más nivel».