El «pintoresco» destino de las ayudas del caso ERE: fiestas, másteres y hasta una granja de pollos fantasma

Así se ha pronunciado el coautor -junto con otros tres peritos- de 275 informes que cuestionaban la legalidad de las 270 ayudas concedidas por la Consejería de Empleo y que han servido de munición jurídica a las acusaciones en el proceso que ha sentado en el banquillo a 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos, dos expresidentes de la Autonomía: Manuel Chaves y José Antonio Griñán, acusados de prevaricación y/o malversación de fondos públicos por implantar y mantener durante diez años un procedimiento específico que permitió repartir «de forma arbitraria» en torno a 850 millones de euros.

El fiscal Juan Enrique Egocheaga preguntó a los peritos del Estado si en las 270 ayudas concedidas los interventores hallaron « una declaración formal de la utilidad pública o necesidad de las ayudas , como establece la Ley General de Subvenciones». El ministerio público también solicitó que identificara a los beneficiarios de los fondos públicos.

Ante esta cuestión, Ángel Turrión, el jefe del equipo de peritos del Estado en este proceso, afirmó que el 70 por ciento de las ayudas, lo que equivale a unas 190 , «tienen un objeto dispar, cuando no pintoresco» que no tiene relación con la tramitación de un ERE o un plan de prejubilación para trabajadores.

El experto del Estado pasó a enumerar sus diversos destinos: «el pago de fiestas de un ayuntamiento; subvenciones para un curso dirigido a personal de alta dirección de la Junta de Andalucía; un máster universitario para la gestión de asociaciones sin ánimo de lucro; gratificaciones que suman 2,27 millones para directivos de una sociedad, o el pago de nóminas atrasadas de la empresa Antonio Gálvez Peluqueros en Cádiz».

Turrión, que tiene 40 años de experiencia como interventor, declaró que 53 de las ayudas fueron a parar al pago de nóminas atrasadas. Pero también con cargo al programa presupuestario 31L se abonaron ferias de muestras de artesanía o de desarrollo rural en ayuntamientos , un complejo ecuestre en Los Palacios (Sevilla) que recibió 900.000 euros, aunque sólo se gastaron 22.434 euros. Además, la Junta de Andalucía subvencionó una «granja de pollos que nunca llegó a realizarse» y un alojamiento rural inexistentes que promovían empresas de Juan Francisco Trujillo, chófer del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

En la lista extensa de destinos que tuvieron la mayor parte de las ayudas, el perito refiere mejoras laborales de los trabajadores de una empresa de limpieza de Granada «para evitar una huelga» de recogida de basuras, la salvaguarda del patrimonio de socios de una empresa que había sido embargado, pagos de minutas, «inversiones sin especificar ni cuantificar», pagos de facturas de proveedores, la devolución y concesión de préstamos o el pago de intereses de demora de deudas.

En resumen, «en numerosas ocasiones, se concedieron ayudas porque sí, sin destino definido, asimilándose más a una liberalidad que a una ayuda», ha recapitulado Ángel Turrión en el proceso que se celebra en la Audiencia Provincial de Sevilla. Recordó un caso de una subvención concedida a una empresa (Santana Motor) que en el momento de su tramitación recibió un requerimiento de un juzgado de Jaén para que embargase todas las subvenciones concedidas a la misma. La Junta reaccionó convirtiendo la subvención en un préstamo «sin plazo de devolución ni interés» , ha indicado Turrión.

En relación a las citadas ayudas, el perito del Estado ha destacado, a preguntas del fiscal, que «no tienen regulación ninguna que conozcamos» y que hasta el año 2011, con la aprobación de un decreto regulador en abril de ese ejercicio, no se establecieron una requisitos.

Juan Ramallo, que ejerce como perito de parte de la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, ha tomado la palabra en el juicio para puntualizar que en las referidas ayudas, con «pintorescos» objetivos, « debió haber la autorización o consentimiento por parte de la Intervención ». Tanto los peritos del Estado como las acusaciones defienden que el propio sistema de financiación de las ayudas, que se basaba en transferir fondos a otro ente público para que las pagase, impedía que la Intervención las fiscalizase.

El profesor Juan Zornoza, perito de Griñán, por su parte, ha defendido que las ayudas no se concedieron a las empresas , como sostiene la Intervención del Estado, sino que son ayudas dirigidas a los trabajadores para «atender su situación» y no liberan a las empresas de sus obligaciones con el personal.