La Junta revisa los precios de los contratos públicos por la subida de materiales

Según ha explicado el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo , se consignan 71,5 millones de euros para hacer frente a estos sobrecostes con una serie de medidas que complementan el decreto estatal que también ha aprobado este Martes Santo el Consejo de Ministros.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno , explicó el pasado jueves que las empresas que trabajan con las administraciones tienen un severo problema por la imprevista alteración en sus planteamientos económicos iniciales, un asunto que se ha convertido «en un verdadero dolor de cabeza» para el Gobierno andaluz. Así, y de la mano del sector de la construcción se ha aprobado este decreto ley con medidas urgentes para la revisión excepcional de los precios en los contratos públicos de obras.

El decreto ley andaluz mejora la cobertura a muchos contratos y permite que más empresas se puedan beneficiar de esta revisión de precios para no parar obras y para no poner en peligro la viabilidad de esos contratos, de las empresas y de miles de puestos de trabajo.

En concreto, a diferencia de la norma del Gobierno de España, el decreto ley andaluz incluye las obras en ejecución en 2021 y que a la entrada en vigor del real decreto ley estatal hayan terminado, así como las obras de menos de un año de duración. Además, amplía el filtro de obras con derecho a revisión de sus precios e incluye todo tipo de materiales empleados, y no sólo los cuatro recogidos en el real decreto estatal (bituminosos, siderúrgicos, aluminio y cobre).

Asimismo, la norma andaluza da la posibilidad a que se adhieran a este decreto ley las entidades locales y también las universidades, al tiempo que suprime las penalizaciones por los retrasos vinculados a falta de material y permite la sustitución de materiales siempre que no altere la calidad del producto.

Por otro lado, el decreto ley andaluz amplía la compensación a los contratos de servicios de conservación de carreteras y edificios públicos y establece que a partir de ahora todos los pliegos de los contratos futuros contemplen la fórmula de revisión de precios.

Se estima que el alza de los precios puede estar en una horquilla entre el diez y el 20 por ciento, que es el tope máximo que impone el Estado.

El sobrecoste se pagará en la certificación final de la obra, por lo que el impacto en los presupuestos andaluces se verá reflejado en varias anualidades. El impacto económico para las arcas de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio se estima (con los índices provisionales publicados hasta diciembre de 2021) en 59 millones de euros, pero dicha cantidad puede elevarse según la evolución de los índices en 2022 y 2023. Si bien la norma también afecta a otras consejerías con obras como las de Salud y Familias, Educación y Deportes; Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible; Cultura y Patrimonio Histórico y de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local, que están analizando la repercusión de la medida.

En total, la Junta consigna 71,5 millones de euros en este decreto ley que tendrá que ser ratificado por el Parlamento andaluz o, en su caso, por la Diputación Permanente.

Por otra parte, el decreto ley también crea la marca 'Corazón Andaluz' como marca promocional genérica y regula el procedimiento para su uso con el fin de favorecer la promoción de productos de Andalucía, contribuyendo a incrementar y consolidar la presencia del tejido empresarial y productivo andaluz en los principales mercados de ámbito regional, nacional e internacional.

Esta marca busca beneficiar a todas las empresas y personas que se quieran adherir a la iniciativa y que permitirá visibilizar la solidez, solvencia y calidad de los productos andaluces.

El decreto ley recoge que la utilización de la marca tiene carácter gratuito y voluntario, así como que, con carácter anual, la Dirección General de Andalucía Global aprobará un Plan de Actuación que establecerá la programación y actividades a favor de la marca 'Corazón Andaluz', así como todas las medidas tendentes a su desarrollo y evaluación.