La Junta negocia con los rectores financiar las universidades andaluzas por la investigación y la docencia

Sin embargo, repartir esa cantidad por el número de alumnos de cada universidad ni es equitativo ni responde a la realidad ya que una universidad pequeña —como la de Huelva o la de Jaén las últimas que se crearon hace 30 años— estaría en desventaja respecto a otras más antiguas que ya disponen de más medios y, a más alumnos, más opciones de optimizar recursos comunes.

Para tratar de ajustar el dinero a las necesidades reales de las universidades, la Junta ha elaborado un sistema con múltiples variables que todavía no están cerradas y se están negociando. La propuesta que el consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, ha puesto sobre la mesa de los rectores se basa en tres principios básicos . El reparto tiene el cuenta, evidentemente el número de alumnos pero también otras variables que dependen de la calidad de la docencia y de la actividad investigadora de cada universidad, todo ello calculado en parámetros objetivos. El argumento de Velasco es que su modelo no es innovador, sino que es el mismo que aplican las universidades de los países de nuestro entorno.

El 80% del dinero que recibirían las universidades se calcula en base a lo que se denomina «financiación operativa» destinada a cubrir los costes salariales, de funcionamiento y de mantenimiento de bienes y servicios. Esta dotación debería responder a los capítulos I y II del presupuesto de las universidades (personal y gasto corriente en bienes y servicios).

¿Cómo se calcula esta cantidad? Teniendo en cuenta los créditos matriculados en grados, máster oficiales y doctorados ponderando los diferentes costes por titulaciones sobre todo por las ciencias experimentales y también la internacionalización. En la propuesta de la Junta se introduce la variable de la investigación. Porque también se miden los fondos de investigación obtenidos en convocatorias públicas competitivas en los cuatro años anteriores al presupuesto, ponderados por ramas de conocimiento, así como los fondos de transferencia derivados de patentes y contratos de asesoramiento y apoyo técnico.

También se tiene en cuenta los salarios del personal docente e investigador (incluyendo los sexenios) y también el del personal de administración y servicios, ponderados con un coeficiente de productividad.

Otro diez por ciento de los fondos que recibirían las universidades servirían para pagar otros gastos habituales en los centros universitarios como la bonificación de las matrículas —los alumnos sólo pagan el 1% del coste de los créditos aprobados en primera convocatoria— y los complementos a las becas Erasmus , así como las ayudas para la acreditación de idiomas B1 o superior.

El 6% de estos fondos se reparte de la misma manera entre todas las universidades, lo que beneficia a las más pequeñas, mientras que el otro 4% se liquida al final de cada año dependiendo del número de aprobados para la bonificación de las matrículas, el alumnado beneficiario de las becas Erasmus y los que obtienen la beca para acreditar el segundo idioma.

Uno de los aspectos innovadores de este modelo de financiación para las universidades públicas es lo que se denomina «financiación estratégica» de la que depende el 10% de los ingresos totales de los nueve centros públicos, ya que la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) tiene unas características especiales y se contabiliza aparte. Es más, su presupuesto son 13 millones de euros para el año pasado y para este, recursos suficientes, según entiende la Junta, para llevar a cabo su labor.

La financiación estratégica está destinada a incentivar las actividades de I+D+i y transferencia del conocimiento . El objetivo es favorecer las actividades de investigación asociada al profesorado, al vincular una parte importante de los recursos a los resultados.

En este capítulo se tienen en cuenta los fondos de investigación obtenidos en convocatorias públicas competitivas en los cuatro años anteriores al presupuesto, ponderados por ramas de conocimiento, y también las transferencias obtenidas por las patentes y los contratos de asesoramiento y apoyo técnico que haya logrado cada departamento universitario.

Hay que tener en cuenta que las universidades andaluzas mantienen abiertas muchas líneas de investigación y cooperación con empresas privadas, lo que les reporta importantes ingresos. Hay quienes tienen convenios con entidades o empresas privadas o quienes realizan trabajos esporádicos para determinados sectores.

Con todas estas variables encima de la mesa, la Consejería de Universidades ha hecho pública una tabla en la que constan los fondos que recibirían cada uno de los centros andaluces. Las tres más grandes reciben más fondos para garantizar su funcionamiento. Así la Universidad de Sevilla recibiría cerca de 400 millones de euros (392), seguida de la Universidad de Granada (362 millones) y la de Málaga (215 millones).

Sin embargo, se trata de cifras provisionales ya que la negociación está abierta entre la Junta de Andalucía y los rectores sobre todo por las quejas de los de Jaén y Huelva, que se sienten en inferioridad con respecto a las demás universidades. El rector de Jaén, Juan Gómez, dimitió a mediados de este mes como presidente de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas para centrarse en la defensa de los intereses de la institución que dirige. Era también una medida de presión y de protesta.

Juan Gómez ha manifestado que el modelo presentado por el consejero Rogelio Velasco aboca a su universidad «a decrecer en los próximos años poniendo en peligro su futuro». El rector jinenense ha explicado que el modelo propuesto «aplica discrecionalmente primas de productividad o ponderación en el caso de las variables estudiantes, internacionalización, personal o patentes» pero que la ponderación se multiplica para los fondos captados en el bloque de investigación».

El rector de Jaén defiende que su centro es uno de los más eficientes de toda Andalucía, sólo por detrás de Málaga ya que con el 5,86% del personal tiene que atender al 6,16% del estudiantado. Sin embargo, Rogelio Velasco afirmó el pasado jueves en el Parlamento que Jaén va a recibir un porcentaje superior de fondos al del resto de las universidades públicas «a pesar de que entre el curso 2017/2022, esta institución ha perdido el 3,5% de su alumnado (519 estudiantes), mientras que el conjunto de las universidades públicas ha ganado un 4%». Asimismo, Velasco garantizó que el próximo curso se implantará la Facultad de Medicina en Jaén tal y como estaba previsto.

Tampoco ha gustado mucho la propuesta presentada hasta ahora por la Junta en Huelva . El claustro onubense lo calificó como «injusto y discriminatorio» y consideró que su financiación se verá «congelada» para este año 2022, por lo que expresaron su preocupación «para asumir los incrementos de costes que se están produciendo desde comienzos de año, derivados de la actual situación de subida de precios y crisis energética y que afectan en gran medida al pago de suministros y proveedores, mantenimiento de instalaciones y consumo de gas y electricidad».

El debate sobre la financiación de las universidades también tiene su vertiente política. El grupo parlamentario socialista ha iniciado una batería de iniciativas destinadas a lo que consideran «defensa del sistema público de universidades».

El pasado jueves la portavoz Ángeles Férriz preguntó al respecto al presidente de la Junta, Juanma Moreno, acusándolo de «desmantelar el sistema público» y advirtiéndole de su postura, «no vamos a permitir que nos quite lo que tanto trabajo nos ha costado. Las universidades son intocables».

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas , se reunió el pasado viernes con la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, y se mostró «abierto» a consensuar con PP y Cs «cómo mejorar» las inversiones de la administración en las universidades públicas andaluzas. Siguiendo esta estrategia política, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Jaén, África Colomo, pidió ayer una declaración institucional de apoyo a la Universidad de Jaén para contar con una finaciacion «justa». La negativa de PP y Ciudadanos impidió esta declaración que se convertirá en una moción para el pleno de mañana miércoles.