PP, Cs y Vox pactan dar trabajo administrativo a 2.000 empleados sin competencias y «subrogados» de la Faffe

La Junta de Andalucía, gobernada en coalición por el PP y Ciudadanos, y Vox han defendido que el acuerdo presupuestario no tiene un sesgo ideológico y han cifrado su impacto en aproximadamente 2,1 millones este año y en 18,5 millones en la anualidad de 2020 para la reordenación y control del sector público de la Junta.

En el documento suscrito por las tres fuerzas se recogen 34 puntos, de los cuales ocho tienen repercusión sobre la administración paralela de la Junta, ya sea mediante el impulso de auditorías internas, la reordenación del sector público o la regulación del personal laboral que trabaja en el casi centenar de entes instrumentales (28 sociedades mercantiles, 25 consorcios, 19 fundaciones, 18 agencias empresariales y 3 agencias de régimen especial).

Acerca de este último aspecto, en la rueda de prensa posterior ofrecida por los firmantes del acuerdo, Bravo ha asegurado que actualmente el Servicio Andaluz de Empleo tiene «a 2.000 empleados sin unas competencias claras », entre ellos los 900 trabajadores que entraron sin convocatoria pública en la polémica fundación Faffe, disuelta en 2011 e investigada judicialmente. Todo este personal sin tareas definidas cuesta a las arcas públicas entre 80 y 100 millones de euros . La intención de Gobierno andaluz es «hacer una norma» para «poder mover a esos empleados y llevarlos a áreas donde son necesarios» ante la falta de personal.

«Lo que signific a poner a 2.000 empleados a trabajar con todas las competencias », ya sea mediante la convocatoria de «procedimientos de consolidación» de su empleo o unas oposiciones «en las que se reconozca la antigüedad», explicó Bravo. «Estos señores están trabajando para la Junta de Andalucía y no pueden llevar más tiempo con competencias indeterminadas», se justifica y añade que la propia Intervención de la Junta le advirtió al Gobierno de que la situación de los entes instrumentales «no puede seguir así».

El punto 18 del acuerdo reza así: «Dentro de las alternativas para la optimización del personal laboral actualmente asignado a las Agencias Públicas Empresariales cabe explorar, para parte del mismo, las posibilidades de integrar sus habilidades profesionales para agilizar la tramitación de los procedimientos administrativos desarrollados en las diferentes Consejerías».

Bravo ha querido distinguir entre el trabajo que desempeñan los funcionarios, los únicos que tienen potestades públicas, y las tareas administrativas que se quiere asignar a este personal, con el apoyo de Vox y Ciudadanos, pero asegura que hay sentencias contradictorias sobre esto último. « Nadie puede poner reparo a que los movamos para que su rendimiento sea mayor». Agrega que los propios empleados «no quieren estar de brazos cruzados».

El portavoz de Vox ha apoyado expresamente esta medida recogida en el pacto con reproches al PSOE. A su juicio, «la desidia imperdonable de los anteriores gobiernos es lamentable» y que «arreglar ese problema tiene un coste inasumible» para la administración. Reconoció que ha tenido conocimiento de «situaciones grotescas que no voy a detallar y sobre las que teníamos que pedir responsabilidades a los anteriores gobiernos».

El acuerdo también recoge el impulso económico a la reducción del sector público instrumental, con la realización de un plan de auditorías específicas sobre el sector instrumental y la reordenación efectiva del citado sector público instrumental.

Se contempla también una revisión completa de los objetivos estratégicos en materia de subvenciones. « En numerosas líneas de subvenciones en marcha , derivadas de políticas del anterior Gobierno, se han evidenciado la existencia de malas praxis y objetivos, que hacen necesario desarrollar una planificación estratégica en materia de subvenciones totalmente nueva», añade.

El acuerdo presupuestario rubricado por el PP-A, Ciudadanos y el partido de Santiago Abascal también incluye la puesta en marcha de un teléfono de atención para la protección de víctimas de la violencia intrafamiliar, que se sumará al que ya existe en el Instituto Andaluz de la Mujer para atender a las víctimas de violencia machista. «Viene a ampliar» los supuestos «que hasta ahora estaban tasados», han defendido tanto Bravo como Hernández, que destacó que «la violencia no tiene género y por eso hablamos de violencia intrafamiliar».

Los consejeros aseguraron que este acuerdo contribuye a la estabilidad política y económica de Andalucía y, por este motivo, Velasco, que es independiente aunque accedió al Gobierno opr la cuota de Ciudadanos, ha confesado que se ha sentido «cómodo» con la foto con Vox. «Va a contribuir a la estabilidad política y en consecuencia a la estabilidad económica y va a fortalecer el crecimiento y la creación de empleo», ha defendido el consejero de Economía.

Por último, el portavoz de Vox ha asegurado que el acuerdo «se fraguó» en Andalucía y no en Madrid «pensando en el interés general de los andaluces». Obedece al « coraje político para afrontar los problemas » sin medidas «populistas» y aplicando el «sentido común».