La Junta de Andalucía gastaba 9.813 euros al mes por cada menor en sus centros de acogida

En esta radiografía aparecen datos tan llamativos como que la Administración gasta casi cinco veces más de media por cada menor acogido en un centro público con respecto a otro que se encuentre en uno concertado. «El gasto mensual medio por plaza de un menor en un centro concertado asciende a 2.035 euros y en un centro público a 9.813 euros, por lo que hay una diferencia de 7.778 euros», pone de manifiesto el estudio, que relaciona el número de plazas disponibles facilitado por la Dirección General de Infancia y Conciliación con el presupuesto liquidado en el mencionado ejercicio para calcular este indicador económico.

El gasto total de acogimiento en centros en 2017 superó los 106 millones de euros, de los que casi la mitad (52,99 millones) correspondieron a centros públicos. El 17 por ciento de las plazas son gestionadas directamente por la Administración (450), mientras que en los centros residenciales concertados existen 2.173 puestos . En el presupuesto de los centros públicos computan las nóminas del personal y los gastos corrientes, mientras en los concertados cuentan las partidas destinadas a contratos de servicios y a los conciertos y convenios que regulan su financiación pública. El informe destaca la «especial diferenciación» entre el coste de uno y otro modelo y aboga por impulsar el acogimiento de un menor en una familia, cuyo gasto mensual se reduce a 424 euros y es la fórmula recomendada por la ley.La Junta pagó 9,4 millones a familias acogedoras.

Cuando cumplen los 18 años y la Junta les retira la protección con la que contaban por ser menores de edad, son expulsados de los centros en los que habían vivido sin ninguna alternativa. La Cámara destaca que el 62 por ciento de menores que alcanzan la mayoría de edad «no van al Programa de Mayoría por lo que quedan sin atender» . La Ley 26/2015 indica que «las entidades públicas deben disponer de programas y recursos destinados al apoyo y orientación de quienes, estando en acogimiento, alcancen la mayoría de edad y queden fuera del sistema de protección». Pero la realidad es que casi dos tercios de ellos se lanzan al mundo sin expectativas laborales ni ayuda pública que favorezca su integración.

La presión migratoria juega en su contra. Los centros, a menudo colapsados, deben hacer hueco a los menores extranjeros no acompañados, los llamados mena , que llegan a las costas andaluzas. Fueron 2.021 durante el año 2017, según los datos del Gobierno que hizo públicos la entonces senadora de Podemos Maribel Mora. Los menas conviven en los centros residenciales con otros niños y adolescentes, cuyas necesidades materiales, afectivas y educativas no pueden ser cubiertas en su propia familia. La Junta gastaba de media 1.500 euros por plaza ocupada por un mena en un dispositivo de emergencia.

En los centros los menores reciben una paga semanal regulada desde 1999 por la Junta. Los servicios básicos prestados abarcan desde el alojamiento para pernoctar, desayuno, comida, cena y picnic para el colegio.

El órgano de fiscalización detecta deficiencias como que siete de los 20 centros públicos «no cuentan con autorización de funcionamiento obligatoria y el dispositivo de emergencia visitado, no cuenta con autorización de funcionamiento», así como que « ninguno de los 20 centros públicos cuentan con los seguros obligatorios ». Sólo 6 de los 20 públicos tienen un plan de autoprotección conforme a la norma.

La gestión presenta también lagunas de carácter organizativo. « No se ha realizado un plan que describa si todos los recursos de los que se disponen (económicos, materiales y humanos), son suficientes y, en caso de no serlos, si se van a aportar nuevos recursos o qué medidas se van a llevar a cabo», detalla el informe.