El 62% de los menores tutelados en Andalucía que alcanzan los 18 años se quedan sin atender por la Junta

«En la Ley 26/2015 se indica que las Entidades Públicas deben disponer de programas y recursos destinados al apoyo y orientación de quienes , estando en acogimiento, alcancen la mayoría de edad y queden fuera del sistema de protección», ha señalado la Cámara de Cuentas en una nota sobre el informe.

El gasto total de acogimiento en centros públicos en 2017 ascendió a 52.992.164 euros , lo que representa el 35% de las obligaciones reconocidas para el programa 31E en 2017. Las plazas en centros públicos son 450, el 17% del total de plazas, mientras que en los centros concertados existen 2.173 plazas.

El gasto mensual medio por plaza de un menor en un centro concertado asciende a 2.035 euros y en un centro público a 9.813 euros , por lo que hay una diferencia de 7.778 euros. Una plaza de un menor en acogimiento familiar supone un gasto mensual medio de 424 euros.

El importe total que se ha pagado a las familias acogedoras en el ejercicio 2017 ha ascendido a 9.404.275 euros, existiendo diferencias de importes totales pagados en la remuneración en el acogimiento familiar en función de la provincia, debido a la diferencia de los criterios adoptados, ha trasladado la Cámara de Cuentas.

«En cuanto a los datos de menores remunerados , durante el trabajo de campo se ha detectado que no están correctos, ya que en algunas DT se registra un número de menores remunerados superior a los menores acogidos, lo cual es imposible», ha indicado la Cámara de Cuentas. Las obligaciones del programa 31E es de 149.719.485,24 euros.

El informe de la Cámara de Cuentas, según la nota de prensa del informe de fiscalización, señala que « no se ha establecido un sistema de indicadores y objetivos que permita medir la eficiencia y economía de la gestión del programa presupuestario», así como tampoco «se realiza un seguimiento del cumplimiento de los objetivos y de los indicadores establecidos".

La Cámara de Cuentas ha apuntado que « no se ha realizado un plan que describa si todos los recursos de los que se disponen (económicos, materiales y humanos), son suficientes y, en caso de no serlos, si se van a aportar nuevos recursos o qué medidas se van a llevar a cabo».

De igual forma, el órgano de fiscalización externa ha apuntado que « no existe una unidad de control interno que realice la función de revisar el trabajo realizado por la gestión, supervisando, entre otras, la correcta aplicación de la normativa y procedimientos aplicables, así como la custodia, control y aplicación de los recursos públicos de la administración».

«Como consecuencia de ello, se han detectado multitud de debilidades relativas a la ausencia de control interno», ha esgrimido la Cámara de Cuentas.

El órgano de fiscalización externa ha señalado aspectos, sobre el análisis de procedimientos, deficiencias como «de los 20 centros públicos, 7 de ellos no cuentan con autorización de funcionamiento obligatoria y el dispositivo de emergencia visitado, no cuenta con autorización de funcionamiento», así como que «ninguno de los 20 centros públicos cuentan con los seguros obligatorios».

La Cámara de Cuentas ha detectado que «solo 6 de los 20 centros públicos cuentan con un Plan de autoprotección de acuerdo con la normativa vigente».

«Se ha detectado que, en 9 de los 22 expedientes analizados, hay defectos en las prestaciones solicitadas a favor de los menores tutelados, percibiendo menos ingresos de los que les corresponde», ha trasladado la Cámara de Cuentas en su nota del informe.

La Cámara de Cuentas ha trasladado que la falta de «un seguro de responsabilidad civil que cubra este tipo de riesgos, ha supuesto atender gastos derivados de las sanciones, que en el año 2017 ascendieron a la cantidad de 106.582,22 euros ».

La Cámara de Cuentas ha abordado la situación de los menores extranjeros no acompañados (mena), respecto a los cuales traslada que « no se han establecido instrucciones ni procedimientos para gestionar la acogida de los mena », respecto a los cuales pone de manifiesto que «en algunas delegaciones territoriales cuando un mena llega en fin de semana, puede pasar más de 24 horas en una comisaría, que es el límite de horas establecido por el Código Civil».

La Cámara de Cuentas ha afirmado que «se ha detectado que existen menores extranjeros tutelados por otros países de la Unión Europea», así como que « estos menores residen en centros promovidos por otros países y que no son propiedad de la Junta de Andalucía ni concertados por la misma, o en familias de acogida andaluzas que no se incluyen en el Sistema de Protección de Menores».

«No se realizan controles sobre estos menores extranjeros no tutelados por la Junta de Andalucía», ha apuntado la Cámara de Cuentas.

«Tampoco se realiza ningún tipo de control sobre los centros de menores tutelados por otros países situados en Andalucía y gestionados por países extranjeros, ni sobre las familias que acogen a estos menores».

En el caso del acogimiento familiar de urgencia, ha señalado «el informe de la Cámara de Cuentas que el periodo de la declaración de idoneidad es de 205 días, siendo el acogimiento en el que más se tarda en realizar este trámite, cuando es el acogimiento en el que deben realizarse los trámites con mayor celeridad».

«El tiempo medio que se tarda en declarar el desamparo de un menor es de 121 días , superior al establecido en la normativa (90 días), y en ninguna de las delegaciones territoriales se cumple con el plazo establecido, existiendo diferencias importantes entre las distintas provincias», ha afirmado la Cámara de Cuentas.

La Cámara de Cuentas recomienda respecto al programa presupuestario «establecer indicadores que midan la eficiencia y economía en la gestión, de forma que permitan fijar unos objetivos que sean fácilmente medibles y se pueda evaluar de forma efectiva la eficacia, eficiencia y economía en la gestión».

Y de igual forma, el organismo fiscalizador ha recomendado «la elaboración y seguimiento de un plan de recursos , ya que con este análisis se pueden gestionar los medios materiales y humanos de una forma más eficiente y económica, pudiendo realizar un análisis de las desviaciones e implementar medidas para corregirlas y mejorar, de esta forma, la gestión de los recursos disponibles».

La Cámara de Cuentas recomienda «emplear más recursos en el fomento del acogimiento familiar ya que, tal y como establece la Ley 26/2015, «prevalecerá la medida de acogimiento familiar sobre la de acogimiento residencial para cualquier menor» al ser más beneficioso para el interés superior del menor.

La Cámara de Cuentas pide «destinar más recursos al Programa de Mayoría de Edad, de forma que cuando un menor, al cumplir los 18 años, deje de estar tutelado, se facilite la incorporación progresiva al mercado laboral».

«Durante las visitas a los centros se ha contrastado que no se llega al 100% de ocupación en ninguno de los 4 centros concertados, por lo que, al facturarse en función de las plazas contratadas, se están gastando recursos que no se están utilizando», ha indicado la Cámara de Cuentas.