Junta de Andalucía S.A.: agencia de colocación para políticos en retirada

Como reza el pegadizo eslogan de un conocido desodorante, la Junta de Andalucía no te abandona. A la edad en la que la mayoría de los españoles de a pie se han jubilado, ellos disfrutan de un exilio dorado en un cargo público en alguno de los 318 entes públicos o consejos consultivos que componen la tela de araña de la Administración regional, según el último censo de entes publicado por el Ministerio de Hacienda.

Si no existe el puesto, siempre queda el recurso de crear uno a la medida de su destinatario. Diego Valderas, el anterior vicepresidente de la Junta de Andalucía y excoordinador regional de Izquierda Unida, ha sido el último candidato a acceder a este selecto club de incombustibles.

Pero la rebelión interna que desató en el Partido Comunista su posible fichaje por el Gobierno de Susana Díaz ha hecho saltar por los aires la « operación rescate de Valderas » esta misma semana. Ante la amenaza de ser expedientado, el expresidente del Parlamento andaluz ha tenido que dar un portazo a su jubilación de oro a sus 64 años como comisionado de la Memoria Histórica.

Pero quitando este atranque, la puerta giratoria de la Junta de Andalucía sigue estando bien engrasada . El mecanismo no sólo funciona en la Administración autonómica. Diputaciones, ayuntamientos y mancomunidades también aplican lo que los anglosajones denominan «revolving door»: cargos electos que dejan de serlo y pasan a ocupar, sin solución de continuidad, otro puesto directivo en la institución.

Dentro de la Junta, los despachos de los organismos que gestionan los puertos andaluces están dominados por políticos desbancados de candidaturas electorales. El ejemplo más palmario es el de Paulino Plata (Melilla, 1953), consejero perpetuo en los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán —a cargo de las carteras de Agricultura, Turismo, Comercio y Deporte, y Cultura—, ha sido diputado andaluz desde 1982 y candidato fallido a la Alcaldía de Marbella, donde duró cien días como portavoz del PSOE. En junio de 2013 sustituyó a José Sánchez Maldonado como presidente de la institución portuaria de Málaga.

Su capacidad para reinventarse es digna de estudio. Siendo diputado raso, Griñán ideó un puesto para él: comisario del proyecto «Andalucía 10», un plan concebido para desterrar los tópicos de la Andalucía subsidiada . El proyecto murió por inanición presupuestaria y falta de contenido, pero no sucedió así con Paulino Plata, que «resucitó» a la actividad pública asumiendo el timón del puerto malagueño.

El año 2013 fue fecundo en recolocaciones de ex. José Luis Blanco Romero (Alcalá de los Gazules, 1953) recorrió la misma travesía que Plata. Desde el Parlamento andaluz —fue diputado por Cádiz entre 1996 y 2012 — arribó al despacho de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.

Este premio le llegó después de más de 40 años como militante del PSOE y tras haber sido su secretario general en Cádiz en los ochenta. Como consejero de Medio Ambiente le tocó lidiar con el desastre ecológico provocado por el vertido de la mina de Aznalcóllar en 1998.

Cuando una puerta se cierra en el Hospital de las Cinco Llagas (sede del Parlamento andaluz), otra ventana se abre en algún organismo público. Eso fue lo que le sucedió al anterior presidente de la Cámara autonómica, Manuel Gracia (Peñarroya-Pueblonuevo, Córdoba, 1946). Con 69 años, su nombre volvió a aparecer en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En junio de 2015, el Gobierno de Susana Díaz designó a Gracia presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla . Consejero de Presidencia y de Educación y Ciencia bajo el mandato de José Rodríguez de la Borbolla, dejó la Cámara andaluza después de 33 años como diputado.

En diciembre de 2015, el Consejo de Gobierno convirtió en presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva a Javier Barrero (Ávila, 1949). Hacía sólo dos meses que había dejado el escaño en el Congreso que ha ocupado desde octubre de 1982, cuando el Muro de Berlín aún no se había desplomado.

Fuera de los puertos andaluces también están bien lubricadas las puertas giratorias. Desde julio de 2009 María José López González (Granada, 1960) dirige Cetursa , la empresa pública que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada. Un año antes había cesado como consejera de Justicia y Administración Pública (2004/2008). Ha sido concejala en el Ayuntamiento de Granada, diputada en el Congreso y el Parlamento antes de recalar en Cetursa, donde gana 54.308 euros al año.

El ex político andalucista y exviceconsejero de Turismo y Deporte Javier Aroca, rostro omnipresente de las tertulias políticas , compagina sus casi diarias apariciones televisivas con un cargo directivo como coordinador de investigación del Centro de Estudios Andaluces. La fundación dependiente de la Consejería de Presidencia lo contrató en 2014. Gana 45.685 euros brutos al año y tiene horario flexible para alternar el trabajo con los platós.

El primer presidente del Ejecutivo andaluz, Rafael Escuredo (Estepa, 1944), ha hecho el viaje inverso : desde la empresa privada al Consejo Consultivo de Andalucía, con dedicación de carácter exclusivo, a tiempo completo y con sueldo de 63.428 euros desde septiembre de 2015. Treinta y un años después de dejar la Presidencia, regresó a la misma casa que había dejado, harto de que Felipe González le escatimara a la Autonomía las necesarias transferencias del Estado.