El juez ponente del Supremo empieza a estudiar los recursos de Chaves y Griñán contra su condena en el caso ERE

Entre los condenados se encuentran los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán ; una exministra, Magdalena Álvarez ; un exvicepresidente autonómico, Gaspar Zarrías ; cuatro exconsejeros... y así hasta sumar 19 ex altos cargos. Diez de los acusados se enfrentan a penas de hasta siete años de cárcel y de inhabilitación para empleo o cargo público, al resto. Sólo se salvaron dos: el ex interventor general y el jefe jurídico de la Junta , que resultaron absueltos.

La Sala Segunda ha notificado a las partes personadas en el caso una diligencia de ordenación de la letrada de la Administración de Justicia, a la que ha accedido ABC, por la que informa de que, «visto el estado que mantienen las presentes actuaciones», se ha dado traslado de toda la documentación al juez encargado de redactar la resolución de dichos recursos en el Supremo. Fuentes del Alto Tribunal indicaron a ABC que se trata de un puro trámite administrativo, pero aún no hay una fecha para que se contesten y resuelvan los motivos expuestos por los condenados en los recursos por los que solicitan su libre absolución. Otras fuentes jurídicas consultadas esperan que dicha resolución llegue a finales de este año.

Antes de decidir, el letrado de la Administración de Justicia remite al juez un resumen sobre los argumentos jurídicos esgrimidos por las defensas, la Fiscalía y la acusación popular del PP andaluz. Además, el Supremo puede convocar una vista, como han pedido las defensas, para que los letrados de las distintas partes expongan en 20 minutos las tesis que han recogido por escrito.

La Fiscalía del Tribunal Supremo solicitó en el mes de marzo pasado a la Sala de lo Penal de dicha instancia, que confirme las condenas de la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla correspondiente al juicio por el procedimiento específico, una resolución que condena a 19 de los 22 ex altos cargos socialistas juzgados . Entre tanto se presentaron los recursos en octubre de 2020 falleció a causa de una neumonía el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero , que fue condenado a 7 años, 11 meses y un día de cárcel y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación. Su condena está recurrida tanto por su esposa como por su hija.

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla determinó que desde la cúpula del poder se diseñó un procedimiento fraudulento y opaco de ayudas , autorizado y alimentado durante nueve años (2000-2009) a través de los sucesivos presupuestos de la Junta de Andalucía.

La citada sentencia de la Audiencia de Sevilla, que ocupa 1.821 folios, condena al expresidente de la Junta de Andalucía  José Antonio Griñán a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación especial por malversación y prevaricación continuadas, mientras que su antecesor en el cargo,  Manuel Chaves, es condenado a nueve años de inhabilitación especial por prevaricación.

La Audiencia determinó que los expresidentes de la Junta de Andalucía  José Antonio Griñán y Manuel Chaves  eran en cada uno de los casos «plenamente consciente de la palmaria y patente ilegalidad de los actos» en que participaron. En el recurso de casación de Griñán, su defensa sostiene que «todas las actuaciones culminaron siempre con la aprobación de la Ley por el Parlamento» y que los hechos considerados como probados « no relatan que tales actuaciones contravengan ninguna norma, sino que dan curso a lo presupuestado por la Consejería de Empleo en un programa, el 31L, haciendo un uso inadecuado de las transferencias de financiación que posibilitan incumplimientos e irregularidades en la gestión de esos fondos». A tal efecto, la defensa de Griñán sostiene que «no se ha acreditado que interviniera en la concesión concreta de ayudas fraudulentas de fondos públicos».

El letrado de Manuel Chaves , por su parte, argumentó en su recurso de casación que el aludido, «en su condición de presidente de la Junta de Andalucía, se limitó a participar en la formalización de la aprobación, por parte del consejo de gobierno que él presidía, de unas modificaciones presupuestarias que habían seguido todos los trámites legalmente exigibles», avisando de que «lo que el tribunal presenta como tal prueba de cargo no es más que un compendio de prejuicios, juicios de valor, elucubraciones , sospechas y presunciones contra reo».