El Poder Judicial avala que Vilaplana siga con las macrocausas en lugar de la juez Núñez Bolaños

De esta manera, la comisión permanente ha desestimado los recursos de alzada presentados por varios investigados contra el acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía , en sesión celebrada el 14 de septiembre de 2020, por el que aprobó la propuesta de plan de actuación de la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez , y el magistrado de adscripción territorial del TSJA para la provincia de Sevilla José Ignacio Vilaplana, en base al cual la primera asume el despacho de los asuntos ordinarios del juzgado y el segundo la investigación de las macrocausas incoadas en dicho órgano judicial.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de la misma, sin perjuicio de cualquier otro que pueda estimarse procedente.

Con la decisión del Consejo General del Poder Judicial, que ha sido adoptado con el voto en contra del vocal Álvaro Cuesta, se t umba la pretensión de las defensas de las macrocausas de corrupción que afectan a los gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía, como los ERE, los cursos de formación o los avales de la agencia IDEA, siguiera bajo la instrucción de Núñez Bolaños.

La magistrada renunció a la investigación de estos casos, que delegó en su juez de refuerzo, José Ignacio Vilaplana, mediante un acuerdo previo entre ambos y bajo el argumento de evitar dilaciones en estos procesos.

Letrados de hasta dieciocho ex altos cargos y empresarios investigados impugnaron dicho acuerdo, alegando que era nulo, pues «genera una quiebra en el derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley».

Cinco letrados (Alfonso Martínez del Hoyo, Juan Carlos Alférez, José María Calero, Simón Fernández y Miguel Delgado Durán) impugnaron el acuerdo del TSJA que aprobó el plan de reasignación de tareas propuesto por Núñez Bolaños y Vilaplana .

En uno de estos recursos de alzada dirigidos al Pleno del CGPJ, el abogado Juan Carlos Alférez alegó que el acuerdo es nulo de pleno derecho porque ha sido adoptado por la Sala de Gobierno del TSJA que se ha arrogado «una competencia de la que carece» y los magistrados «han aplicado de inmediato» la retirada de Núñez Bolaños de las macrocausas sin aguardar «al conocimiento ni a la aprobación» del Consejo General del Poder Judicial. Para este letrado, dicho plan conculca la ley porque «ha posibilitado que el juez no natural, el señor Vilaplana Luquero, haya instruido», desde que la magistrada regresó al juzgado, «todas y cada una de las macrocausas amparado por el acuerdo nulo». Como consecuencia, advierte de que «todos y cada uno de los actos procesales y resoluciones que ha emitido» desde el 3 de agosto pasado serían también nulos de pleno derecho.

Apelando al artículo 216 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, exponía que «la ley no permite que un juez —por la razón que fuera— ceda la instrucción de un asunto concreto que está llevando a su juez de apoyo». De no respetarse este principio básico, «las medidas de apoyo judicial se convierten en una vía para el nombramiento de jueces ad hoc» o «a la carta», lo que constituye «un resquicio o portillo legal de peligrosa configuración que el ordenamiento jurídico constitucional no puede permitir», exponía el recurso.

Vilaplana ya se hizo cargo de los casos ERE, Faffe, Santana, Cárnicas Molina, Formación, Avales e IDEA, en sustitución de la juez instructora, María Núñez Bolaños, durante una baja laboral que la mantuvo apartada del juzgado durante once meses . A su vuelta, ambos pactaron un nuevo reparto de tareas: Vilaplana se hacía cargo de las macrocausas , la mayoría de ellas heredadas de la juez Mercedes Alaya, mientras ella asumía los asuntos ordinarios que se instruyen, tramitan y enjuician en el juzgado.