La Fiscalía del Supremo también sostiene que las empresas «se lucraron» con las ayudas del caso ERE

En el escrito de 789 páginas elevado a la Sala del Supremo que debe resolver los recursos, adelantado por ABC, los fiscales le piden que confirme las condenas y suscriben punto por punto los argumentos jurídicos expuestos por el tribunal sevillano que dictó la sentencia, al tiempo que censura por «irracional» e «ilógica» la versión exculpatoria de los acusados . Señala que «mediante las ayudas sociolaborales se facilitó a las empresas la reducción de las plantillas , sin el coste económico que ello conlleva y con el consiguiente lucro para las mismas».

Los fiscales que firman el escrito sostienen, al igual que el tribunal, que la Junta utilizó las transferencias de financiación para repartir ayudas públicas de forma opaca y eludir la preceptiva fiscalización. El sistema generaba un ángulo de sombra que impedía conocer el destino final del dinero. « Al no existir bases reguladoras ni convocatoria pública de las ayudas , cuya concesión no era publicada en el BOJA, no era conocida la existencia de estas ayudas por los potenciales beneficiarios: empresas que en iguales circunstancias se vieron obligadas a despedir a su plantilla de trabajadores». Empresas que no tuvieron la fortuna de ser tocadas por la ‘varita mágica’ de la Junta.

El efecto conseguido fue que « se vieran privados de acceder a las ayudas un importante número de trabajadores afectados por el desempleo o/y situaciones de crisis empresarial». El número de empresas que sí recibieron fondos es de 77, una parte escasa de los 5.883 expedientes de regulación de empleo que se presentaron en Andalucía entre 2000 y 2009, mientras perduró el sistema irregular de ayudas.

En definitiva, el Ministerio Público comparte con el tribunal que « nunca debieron salir los fondos públicos de la Junta ». A la vista del informe adicional del exinterventor general —que resultó absuelto en el juicio—, «había un riesgo cierto de conceder las ayudas para fines ajenos al interés público o social al que estaban destinados». Ese peligro existía «incluso, suponiendo que se hubiesen concedido para dicha finalidad», advierte en su escrito.

Griñán fue condenado a seis años de prisión y 15 de inhabilitación por malversación y prevaricación continuadas, mientras que a su antecesor, Manuel Chaves, se enfrenta a nueve años de inhabilitación por prevaricación. La Fiscalía rechaza la absolución que piden en los recursos de casación dirigidos al Supremo. La Sala Segunda tendrá la última palabra.