La juez Núñez reabre la investigación del presunto ERE fraudulento del grupo Joly

La magistrada, que sigue a la espera del atestado de la Guardia Civil sobre el caso, motivo por el que decretó el archivo provisional, ha pedido que se digitalicen las diligencias previas , y se unan a las mismas el expediente aportado por la Junta y el informe emitido por la Intervención General del Estado. Asimismo, da a las partes traslado para que señalen si consideran debe incorporarse otra documentación en formato papel a las diligencias.

En este sentido, cabe recordar la existencia del expediente de información reservada elaborado en su día por técnicos de la Consejería de Trabajo de la Junta sobre el destino de las ayudas que se investigan, del que no se hace mención a pesar de ser referencia del interrogatorio a dos testigos en el juicio de la pieza por el procedimiento político que sentó en el banquillo a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán junto a otros ex altos cargos de la Junta y que sigue a espera de sentencia.

Según declaró en el juicio por el caso ERE el entonces jefe del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), tanto el expediente del grupo Joly como otros tres que tuvo que supervisar eran un «monumental ninguneo al Derecho administrativo».

Asimismo, la juez, en el referido auto de 3 de junio, cita como investigado únicamente al presidente de la Asociación de Trabajadores de la Prensa de Cádiz , Juan Romero Huertas , y trae al procedimiento en calidad de responsable civil subsidiario a la empresa Ingotor S.L. , mediadora de la póliza suscrita con la aseguradora La Estrella por el grupo Joly el 2 de diciembre de 2004 teniendo como tomador a la denominada Asociación de Trabajadores de la Prensa de Cádiz.

El Grupo Joly solicitó a la Delegación Provincial de Empleo en Cádiz un ERE por causas organizativas y productivas. La empresa firmó un plan social con los representantes de los trabajadores y se formalizó un protocolo entre la Dirección General de Empleo, que dirigía Francisco Javier Guerrero , y la referida Asociación de Trabajadores de la Prensa de Cádiz para el pago de la póliza a 36 trabajadores.

Como se ha puesto en evidencia a lo largo de la instrucción de esta macrocausa, la constitución de estas asociaciones de trabajadores como receptores de los ERE era una práctica habitual para el pago de las ayudas que el propio Guerrero denominó ante la Policía como «fondo de reptiles». Ocurre en varias piezas, como las de William Humbert, Mercasevilla, González Byass, Delphy, Astilleros o Santana , entre otras. A diferencia de este caso, en todos los citados, la juez no abrió diligencias por las ayudas a las asociaciones, sino por las ayudas a las empresas.

Otra diferencia con el resto, que llama la atención en el auto de la magistrada, es que en las piezas de Mercasevilla o William Humbert la propia juez señaló a las empresas como responsable civil subsidiario , algo que tampoco ocurre en este caso