La juez Núñez abre diligencias por el ERE del Grupo Joly

En el mismo auto donde expone la apertura de la pieza separada del caso ERE referida al grupo Joly, las diligencias previas número 2194/18, la juez emplaza a la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, encargada de esta línea de investigación, a remitirle el atestado sobre estas ayudas, según confirmaron fuentes judiciales a ABC. Reitera la petición que hizo el 14 de junio a varias comandancias de la Guardia Civil que estudian ayudas a una veintena de empresas. En los autos no fija declaraciones ni cita a investigados.

Los 36 afectados por el ERE procedentes de distintas cabeceras del grupo empresarial en la provincia de Cádiz (Diario de Cádiz SL, Diario de Jerez SA, Industrias Gráficas Gaditanas SL, Ediciones Europa Sur SL, Federico Joly y Cía SA y Joldis SA) constituyeron la Asociación de Trabajadores de la Prensa de Cádiz para canalizar el pago de la póliza de seguro de prejubilación. Desde el Grupo Joly alegan que las ayudas fueron directamente a los trabajadores y no pasaron por su contabilidad.

El informe pericial que encargó la anterior instructora del caso ERE, Mercedes Alaya, analiza la documentación «incompleta, fragmentaria» que compone este expediente. Entre la información evaluada por los peritos de la Intervención del Estado, figura un escrito, «firmado pero sin fecha», que el entonces director general de Trabajo, Javier Guerrero, «dirige al denominado Grupo Joly », a la atención del presidente de este grupo editor, José Joly.

En la carta explica que «tras las reuniones mantenidas por esta Dirección General con la Dirección de Grupo Joly y con la representación de los trabajadores de Diario de Cádiz y de Ingrasa (empresa impresora), en las que se ha analizado la situación laboral de estas empresas en relación tanto con las singulares circunstancias laborales y de creciente competitividad del sector de la prensa diaria, en general, como con las condiciones actuales de desarrollo y expansión del proyecto empresarial vinculado a Grupo Joly, en particular, esta Dirección General de Trabajo y Seguridad Social manifiesta su compromiso de apoyo al plan de racionalización y modernización del referido grupo empresarial mediante la concesión de ayudas sociales a los trabajadores mayores de 52 años». La cuantía, en el citado escrito, se estimó «en el entorno de entre 6.500.000 y 7.000.000 euros, para un colectivo de entre 30 y 35 trabajadores». Sin embargo, finalmente Guerrero le concedió 8.050.276,10 euros.

De la lectura de esta carta, los interventores deducen que «el compromiso subvencional se adquiere por la Dirección de Trabajo con la empresa previo establecimiento tanto de las medidas de ajuste de la plantilla como de la cuantía de las indemnizaciones». El mismo día que se firmó el Plan Social y el acta de acuerdo entre la empresa y los trabajadores, el 26 de octubre de 2004, también se suscribió un protocolo por el que la Dirección de Trabajo se comprometía a financiar inicialmente a pagar 7,59 millones a la asociación de trabajadores , que se hallaba «pendiente de registro».

En su informe sobre este ERE, los interventores del Estado concluyen que «esta subvención fue concedida prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido ». Con idéntico modelo al de otras ayudas que se nutrieron del famoso «fondo de reptiles». «No se han publicado ni existen bases reguladoras para el otorgamiento de esta subvención» y «los sistemas utilizados por la Consejería de Empleo para determinar tanto la empresa elegida como los importes a financiar son totalmente discrecionales», señala el informe.

«No se acredita el carácter excepcional de la ayuda ni la finalidad pública o interés social y económico que la justifique» y tampoco «consta solicitud formal de la misma por el beneficiario», añade el informe. El expediente de la ayuda «no ha sido sometido a fiscalización previa», entre otras 21 deficiencias enumeradas en el informe de los peritos.