La juez Núñez pidió a la Junta «por primera vez» en septiembre los datos de las cajas fuerte de la Faffe

El 13 de julio de 2016 mediante despacho a la juez, la UCO solicitó la emisión de un mandamiento judicial dirigido al Servicio Andaluz de Empleo para que aportara toda la documentación relativa a la gestión y el control de los fondos de las diferentes cajas que hayan existido en la sede central de la Faffe y sus diferentes gerencias Provinciales».

La petición no fue observada entonces por la juez. La Fiscalía hizo idéntica petición el 6 de septiembre de 2017. El 13 de abril de 2018 lo hizo también el PP, personado en la causa como acusación particular.

Hasta ahora se entendía que la juez había requerido estos datos mediante oficio en noviembre de 2017, pero fuentes de la Consejería señalaron ayer a Europa Press que el secretario judicial del Juzgado de Instrucción número 6 hace constar en el envío de la providencia que la referida información «no se había solicitado al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) anteriormente esta información por parte del juzgado».

Con ello la Junta niega que esté obstaculizando la investigación, ofreciendo un dato que pone muy en evidencia la diligencia judicial de este caso en el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla desde la sustitución de la juez Mercedes Alaya .

Desde la Junta y ante las acusaciones de que estuviera ocultando pruebas a la Justicia se escudan en que ha respondido con diligencia a las peticiones de la juez, como ocurrió cuando se les requirió los extractos de las cuentas de la Faffe en entidades bancarias. Los gastos de las tarjetas tienen asiento en cuentas de dos entidades distintas. Solo una ha respondido a la petición. La otra cuenta, que podría confirmar más gastos irregulares, corresponde a una entidad que se fusionó con La Caixa . Hasta el momento, Caixabank no ha contestado al requerimiento, según la Junta de Andalucía, extremo que asegura ya ha puesto en conocimiento de la juez.

Sobre las cajas, el 9 de octubre la consejería ha remitido a la UCO «la contabilidad completa, con más de tres millones de registros contables , acceso completo y sin restricciones a los programas de contabilidad usados por este organismo».

Sobre las críticas a la ocultación de estos datos a la opinión pública, la Consejería de Empleo se escuda en que «desde el respeto a la independencia del poder judicial y para no interferir en sus actuaciones», no realiza valoraciones de actuaciones judiciales que están actualmente en curso.