La Guardia Civil alerta a la juez Núñez del bloqueo de la investigación de la fundación Faffe

El Instituto Armado analiza supuestos «ilícitos penales» cometidos en el seno de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, conocida como Faffe, una entidad pública que constituyó la Junta de Andalucía en 2003 para formar a los parados de la comunidad, y que se convirtió, hasta su disolución en 2011, en una «agencia de colocación» de cargos y familiares del PSOE y para el pago de favores políticos, según puso de manifiesto la UCO en un atestado avanzado por ABC. Entre los investigados se encuentra Fernando Villén, quien confesó que había usado «por error» una tarjeta corporativa en un club de alterne y con posterioridad devolvió el dinero.

Entre la abundante documentación que solicitan los agentes de la Guardia Civil, está precisamente toda la información «relacionada con la gestión y control de los fondos de las diferentes cajas que hayan existido en la sede central de la Faffe y en sus diferentes gerencias provinciales, tales como tickets o facturas justificativas de los gastos sufragados con fondos de las mismas » y «los asientos a través de los cuales se llevaba el control de todos los gastos financiados con fondos de las cajas y el saldo existente en cada una de ellas».

Además, piden la copia de todos los talones mediante los cuales se reponían sus fondos, «los anticipos, la liquidación y solicitud de reposiciones, arqueos y conciliación», exponen.

La UCO halló posibles irregularidades en contrataciones llevadas a cabo por la Faffe , algunas de las cuales «pudieran suponer la comisión de algún ilícito penal». Recuerda que en el atestado entregado al juzgado hace un año, instaba a «la revisión de todos los contratos que se hubieran formalizado en el seno de la fundación desde el año 2007 hasta 2011».

Los investigadores aún no han accedido a este estudio «en el caso de que se haya iniciado» y piden conocerlo. Asimismo, demandan «los datos personales identificativos de todos los titulares , representantes o autorizados de las entidades contratadas por la Faffe» y la auditoría completa encargada por el Gobierno andaluz que reveló que habían sido contratadas irregularmente 8.844 personas entre 2009 y 2011, que ya reclamaron el 29 de junio de 2016 y que todavía están esperando.

En noviembre de 2015 ya instaron a la instructora a pedir la copia del sumario de la investigación llevada a cabo por el juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, que dejó patente que « con fondos de la Faffe se habría costeado a personal» de la empresa Umax Informática y Consultoría S.L., que en realidad prestaban sus servicios en la Dirección General de Trabajo, que concedía las ayudas de los ERE.

Por último, la Guardia Civil lamenta que «ha tenido conocimiento a través de diversas informaciones en medios de comunicación de la toma de declaraciones a personas relacionadas con las investigaciones» por parte de la juez Núñez en el marco de este caso y solicita «el acceso a las mismas».