La juez Núñez quita presión a la Junta

Pero ese tiempo ya pasó. Las lanzas se han vuelto cañas. A medida que el famoso trolley de Alaya se alejaba del tiro de cámara, las macrocausas se desdibujaban también con él. La juez que desmontó a golpe de auto la mayor trama de poder en España dejaba vacante el juzgado tras ganar una plaza en la Audiencia de Sevilla pero confiada en cerrar los sumarios mediante una comisión de servicios. No fue así. El Consejo General del Poder Judicial, persuadido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA ), acabó apartando a Alaya después de que ésta le remitiera unos explosivos escritos en los que atacaba la capacidad e independencia de su sustituta, María Núñez Bolaños , haciéndose eco de su «amistad» con el consejero andaluz de Justicia, Emilio de Llera .

El juzgado vacante lo ocupó el 16 de junio pasado esta juez de Familia sin experiencia previa en este tipo de instrucciones. Relegada su oponente, Núñez se ha aplicado a fondo en estos nueve meses a jibarizar las tres macrocausas de corrupción. Ha reestructurado casi todo. Nada más aterrizar, siguiendo los dictados de la Fiscalía, escindió en siete piezas piloto el caso de los ERE falsos. Rompía por completo el esquema piramidal de Alaya, que se negaba sistemáticamente a amputarlo porque estaba convencida que el origen del fraude se maquinó en el Consejo de Gobierno . Sostenía que el máximo órgano ejecutivo ideó un entramado para burlar los controles legales y repartir dinero (855 millones de euros) durante una década como pago de favores a empresas y personas próximas a la órbita del PSOE . La forma de dividir esta causa ha puesto en pie de guerra a defensas y acusaciones, empezando por la propia Fiscalía, que la ha recurrido ante la Audiencia al apreciar carencias y defectos de nulidad.

Bálsamo para el Gobierno

En cambio, la llegada de Núñez ha sido un bálsamo para el Gobierno andaluz, que antes vivía permanentemente amenazado por el pistón de la Justicia. Sus autos no le causan ningún sobresalto y hasta son vistos con benevolencia por aquellos que antes cuestionaban la forma de instruir de Alaya o le regateaban los expedientes que pedía. Esa entente cordiale se hace patente en sus declaraciones. Emilio de Llera se mostraba esta semana así comprensivo sobre la prórroga aprobada para investigar el caso ERE: «Si considera que va a tardar más, es lógico que haga eso».

Llegados a este punto, se produce un movimiento inesperado por todos. La misma juez que había pugnado por apartar a Alaya da un paso atrás y cede la investigación de las piezas más relevantes de los ERE a su juez auxiliar, Álvaro Martín , incluida la del sistema «ilegal» de concesión de las ayudas, por el que están imputados 51 ex altos cargos. Es la pieza que afecta a los expresidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, acusados de supuesta prevaricación por el Supremo. Núñez ha dado prioridad a esta causa. El objetivo es culminarla cuanto antes para su enjuiciamiento.

Los cursos de formación

Tras desbrozar los ERE, Núñez aplicó la misma receta al fraude masivo de las subvenciones para cursos de formación dirigidos a parados y trabajadores. La fragmentó en otras nueve piezas. Pero en su poda dejó muchos cabos sueltos. Se olvidó, por ejemplo, de los más de 510 millones en subvenciones concedidos por la Junta durante una década a Comisiones Obreras y la Confederación de Empresarios de Andalucía, que habían empezado a investigar Alaya y la Guardia Civil. A las 24 horas de tomar posesión del juzgado, dejó sin efecto una instrucción de su antecesora para investigar empresas del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, que ha recibido 52,6 millones en ayudas de formación.

Una de las piezas desgajadas de esta causa se centra en los innumerables fallos de control de las subvenciones (se repartieron en torno a 3.000 millones entre 2007 y 2013) por parte del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) , por la que están imputados los anteriores consejeros de Empleo, Manuel Recio, Antonio Ávila y Antonio Fernández . Núñez no ha abierto más líneas de investigación de las que ya había y ha paralizado otras cuatro que estaban en marcha, como la que afecta al entramado empresarial del ex número dos del PSOE andaluz Rafael Velasco, porque la Junta no le entrega los informes solicitados hace once meses. La prometedora carrera de este joven político terminó en 2010 al conocerse que la academia de su mujer había recibido ayudas por 726.209 euros entre 2006 y 2009 para formar a parados. Su caída permitió el ascenso de Susana Díaz. A la espera de informes, también ha archivado provisionalmente las causas contra el empresario José María Pérez González y las que afectan a dos consorcios de formación controlados por la Junta.

Descafeinadas han quedado también las diligencias abiertas sobre las irregularidades en avales concedidos por la agencia autonómica IDEA a empresas en crisis, que dejaron un agujero de 73,3 millones de euros en la Junta. La juez ha reactivado esta causa que llevaba nueve meses dormida, pero lo ha hecho reduciendo el campo de la investigación a aquellas empresas que simultanearon avales y ayudas ilegales de los ERE. En un auto dictado el día 1, reclama a la Junta información sobre estos expedientes desoyendo a la Fiscalía , que le recordó que Alaya había extendido las pesquisas no sólo al procedimiento de concesión de los avales excepcionales sino de todo tipo de ayudas y préstamos de IDEA , al control de las justificaciones y a las medidas adoptadas por la Junta para recuperar el dinero perdido.