Juan Marín, sobre la tesis plagiada de la juez Núñez Bolaños: «No es de recibo que pudiera haber actuado así»

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Marín, que aglutina bajo su vicepresidencia las competencias de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local , ha asegurado que «si finalmente» el plagio se confirma, «no es de recibo que una magistrada pudiera haber actuado de esa forma».

Más allá de su cargo institucional, dejando claras sus reservas al pronunciarse acerca de un asunto que va a investigar la propia universidad, Marín ha puesto de manifiesto que «como ciudadano este tipo de cuestiones me molestan ». No obstante, al ser preguntado por este asunto en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno celebrado este martes, el número dos del Ejecutivo formado por el PP y Ciudadanos ha insistido en que «yo no tengo confirmación fehaciente de que ha sido así».

En un comunicado remitido el lunes a ABC, la UPO anunció el inicio de un procedimiento de información reservada «para dilucidar las alegaciones de plagio » en la tesis doctoral de la juez del caso ERE.

«En caso de confirmarse dichas alegaciones, la Universidad actuará con toda la contundencia requerida, llegando incluso, si fuere el caso, a plantear el procedimiento de revisión de la validez del título de doctora», especificó. El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha rehusado pronunciarse sobre este asunto y ha remitido a las declaraciones efectuadas por el vicepresidente de la Junta.

Núñez Bolaños obtuvo la calificación de «sobresaliente cum laude» tras defender su tesis ante un tribunal formado por los profesores Antonio Merchán, emérito de la Universidad de Sevilla; Paloma Saborido, de la Universidad de Málaga, e Ignacio Flores de la propia Pablo de Olavide.

Por otro lado, el vicepresidente y consejero de Justicia, Juan Marín, ha desmentido con rotundidad que el acuerdo relativo a inmigración incluido en el pacto presupuestario con Vox vulnere la ley de protección de datos y ha defendido la actuación coordinada de la administración autonómica y la central en esta materia.

Marín ha considerado que las «alarmas» creadas por algunas asociaciones de inmigrantes responden a la campaña iniciada contra la Junta desde hace diez meses y que «continuará toda la legislatura». Ha garantizado que no se van a saltar la ley de protección de datos y ha argumentado que la actuación coordinada de las administraciones servirá para «hacer la vida más fácil a esas personas», algo que «no tiene nada de malo».