Un experto en derechos de autor dirigió la tesis plagiada de la juez del caso ERE, María Núñez Bolaños

La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que está de baja médica desde el 3 de septiembre, se doctoró en Ciencias Jurídicas y Políticas con un trabajo que versaba sobre la mediación intrajudicial de apenas 135 páginas que son, en gran parte, plagios, y un compendio de anexos hasta completar los 257 folios.

Su tesis la dirigió el profesor de Derecho Civil de la UPO, Eugenio Pizarro Moreno , licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz y doctor en Disciplina Constitucional de la Propiedad Intelectual por la Universidad Hispalense. En febrero de 2012, publicó el libro «La disciplina constitucional de la propiedad intelectual» , en el que profundizaba en la protección del derecho de autor, «sometida a un debate político-social y jurídico de actualidad», según expone la sinopsis del texto. También cuenta con numerosos estudios sobre la resolución de conflictos mediante la mediación y el arbitraje.

Cinco meses después de que la juez Núñez Bolaños defendiera su proyecto, el anterior Gobierno de Susana Díaz, fichó a Pizarro Moreno como secretario general para la Justicia de la Junta de Andalucía. Apenas duró medio año como alto cargo del Ejecutivo socialista. Dimitió el 3 de julio de 2018 tras conocerse que el Juzgado de lo Penal número 5 de Cádiz lo había condenado a un año de cárcel por robar joyas a la que fuera su suegra en su propio domicilio . Tuvo que indemnizarla, además, con 4.904 euros, incluido el precio de las alhajas. Consiguió una rebaja de la pena al reconocer los hechos durante el juicio. Contratado desde 2009 como docente de la UPO, defendió el trabajo realizado por la juez instructora del caso ERE para obtener el título académico.

Eugenio Pizarro declaró el 18 de septiembre pasado a ABC que «el proyecto ya lo tiene trabajado completamente» cuando Núñez Bolaños lo defendió ante el tribunal el 24 de julio de 2017, dos años después de sustituir a Mercedes Alaya al frente del juzgado de las macrocausas . Esgrimió que desde 2013, siendo juez de Familia número 17 de Sevilla, empieza a prepararlo y «cuando se inscribe el proyecto y se defiende, que es el último acto, es cuando ya se ha trabajado». En aquel momento no había trascendido que la tesis pudiera contener multitud de plagios.

La magistrada está siendo investigada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de que la Fiscalía Anticorrupción denunciara que ha «paralizado» la investigación de tres causas de corrupción que afectan a la Junta de Andalucía en la etapa socialista, entre ellas el sumario de los ERE.

Cuando dirigió su tesis, Pizarro no había dado aún el salto a la política institucional, que llegaría cinco meses después. Tras su paso efímero por el Gobierno andaluz, como «número tres» de la anterior consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar , el profesor regresó a la Universidad, «sitio del que nunca debí salir», confesó a ABC.

Este ex alto cargo está emparentado con una saga familiar muy influyente en el PSOE andaluz. Es sobrino de Luis Pizarro, que fue secretario de Organización del partido durante 17 años y mano derecha de Manuel Chaves .Un hermano de Eugenio Pizarro fue jefe en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, la Faffe, una entidad creada por la Junta en 2003 para formar a parados andaluces que funcionó como una «agencia de colocación» del PSOE-A , según un atestado de la Guardia Civil que describe un cúmulo de irregularidades recogidas en el sumario del caso Faffe, que investiga precisamente Núñez Bolaños.

La magistrada defendió su trabajo ante un tribunal integrado por el profesor emérito de la Universidad de Sevilla Antonio Merchán Álvarez , como presidente; la profesora de la Universidad de Málaga Paloma Saborido Sánchez , como secretaria, y el profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad Pablo de Olavide Ignacio Flores Prada . Este último, que actuaba como vocal de la comisión evaluadora, ha publicado trabajos de investigación relacionados con la llamada «delincuencia informática», aparte de estudios que abordan aspectos orgánicos y constitucionales de la Justicia.

Ignacio Flores Prada, que se doctoró en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid , sacó a la venta en 2012 el libro titulado «Criminalidad informática. Aspectos sustantivos y procesales», editado por Tirant lo Blanch, en el que este profesor, que lleva 18 años dando clases en la UPO, analizaba «la vulnerabilidad de determinados bienes jurídicos como la intimidad, la seguridad comercial o la propiedad intelectual » en Internet.

La Normativa de Estudios de Doctorado de la Universidad Pablo de Olavide estipula que el tribunal estará compuesto por tres integrantes y excepcionalmente por cinco, «todos ellos con la titulación de doctor o doctora y con experiencia investigadora acreditada en la materia a que se refiere la tesis o en otra que guarde afinidad con la misma, siempre y cuando le sea de aplicación este criterio».

El tribunal que valoró la tesis lo presidió Antonio Merchán Álvarez, profesor emérito de la Universidad hispalense desde 2016 como colofón a una dilatada carrera académica que empezó en la Transición. Obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado por la Facultad de Derecho y en 1983 la cátedra de Historia del Derecho, donde es un erudito.

La profesora de Derecho Civil de la Universidad de Málaga Paloma Saborido Sánchez, que ejerció de secretaria en el tribunal que calificó la tesis, cuenta con más de 20 años de experiencia como docente e investigadora. Saborido fue la pregonera de la Semana Santa pasada de Málaga y ha publicado diversos trabajos de investigación en el ámbito jurídico sobre el mundo cofrade, donde ha destacado por su preocupación hacia «la ficticia igualdad entre hombres y mujeres».