El jefe de los letrados de la Junta que pidieron no investigar a IDEA lleva años en el consejo de la agencia

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dado carpetazo a esta macrocausa basándose precisamente en el escrito que le presentan los letrados del Gabinete Jurídico que dirige Jiménez . Solicitan sobreseer la causa abierta contra un exconsejero de Innovación, su exviceconsejero, un exsecretario general técnico y un exdirector de la agencia autonómica IDEA.

«Los indicios de la comisión de hechos delictivos que dieron lugar a la incoación de las presentes diligencias previas se han desvanecido uno por uno como consecuencia de las diligencias practicadas» durante la instrucción, sostienen en su escrito de alegaciones los letrados que representan los intereses de la Junta como acusación. Es la frase literal que recoge la magistrada en su auto del pasado lunes para justificar el archivo. Los abogados se adhieren a la tesis de las defensas, que negaron la existencia de responsabilidad penal por parte de las personas que concedieron los avales.

Al sobreseimiento se han opuesto la acusación popular que ejerce el PP andaluz y la Fiscalía Anticorrupción , que apreció «graves delitos» en la actuación de los exresponsables políticos. La gestión de la agencia está siendo investigada en otras cuatro causas judiciales: ERE, Invercaria —una empresa pública propiedad de IDEA—, préstamo irregular de Santana y Transferencias de Financiación . En este último, que está bloqueado porque la agencia IDEA no remite expedientes solicitados por el juzgado, se investiga si otras consejerías utilizaron durante doce años (2000-2011) el mismo sistema fraudulento del caso ERE para nutrir de fondos a IDEA para eludir los controles a la hora de pagar subvenciones y ordenar pagos a terceros.

Antes, durante y después de dictarse el archivo del caso Avales, el jefe de la asesoría jurídica ha formado parte de uno de los órganos de decisión de la agencia investigada. En los próximos días se hará efectivo su relevo dentro de una reorganización profunda de la agencia IDEA anunciada el pasado martes por el consejero de Consejero de Economía, Rogelio Velasco , para «despolitizar la dirección» del ente encargado de impulsar la economía andaluza.

Fuentes de la Consejería de la Presidencia, de la que depende el director del Gabinete Jurídico, aseguraron ayer a ABC que no incurrió en un «conflicto de intereses» porque los avales que se investigan se concedieron antes de que el jefe del Gabinete Jurídico se incorporara al consejo rector de IDEA. Por tanto, no participa en la concesión de las ayudas, puntualizan.

Expertos en Derecho Administrativo y Constitucional consultados por este periódico tienen dudas al respecto. Aprecian un posible conflicto de intereses «fáctico» por simultanear ambos puestos, pero opinan que esa colisión tiene «difícil encaje jurídico» porque Jiménez no es quien firma el escrito de los letrados solicitando el archivo de la causa Avales.

El jefe del Gabinete Jurídico, que supervisa la actuación de los letrados de la Junta de Andalucía, tiene rango de alto cargo. A Jesús Jiménez lo nombró el 31 de julio de 2012 el Consejo de Gobierno de Griñán a propuesta de la entonces consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz . Sustituyó a Francisco del Río, que cesó poco antes de que la juez Alaya lo imputara en el caso ERE precisamente por formar parte del consejo rector de IDEA, la «caja pagadora» de las ayudas irregulares.

El «gobierno del cambio» del PP y Ciudadanos lo ha mantenido como responsable del equipo jurídico que propuso la actual secretaria general del PSOE-A, a pesar de que la petición de archivo de sus letrados ha puesto al Gobierno andaluz en un serio apuro. Su postura entra en contradicción con la implacable acusación ejercida por el PP-A durante los casos de corrupción en los que está personado.

Con Jesús Jiménez al frente del Gabinete Jurídico y Susana Díaz en la Presidencia de la Junta, se adoptó otra decisión polémica. La Junta decidió retirarse como acusación en el juicio de la llamada pieza política de la macrocausa de los ERE. Liberó de toda culpa a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 20 ex altos cargos que les acompañaron en el banquillo y solicitó el archivo de este proceso bajo el argumento de que no hubo «trama criminal» ni se creó un procedimiento para repartir ayudas de forma caprichosa.

La Junta «perdonó» los 741,6 millones de euros en fianzas de responsabilidad civil que la Fiscalía reclamó a 18 procesados por malversación de fondos. La juez Alaya llegó a ironizar con la postura de la Administración perjudicada. «Parece más propia de una defensa que de una acusación particular», afirmó.