La «nueva Junta» pidió dos veces archivar el caso Avales y exculpar a los ex altos cargos socialistas

Argumenta que no resulta «debidamente justificada la perpetración del delito» que dio pie a principios de 2014 a la apertura de esta macrocausa heredada de Mercedes Alaya, quien dejó el juzgado en junio de 2015 para ocupar una plaza en la Audiencia de Sevilla.

La instructora sobresee la causa desoyendo a l a Fiscalía, que encontró «graves delitos» , y al PP andaluz, que ejerce la acusación popular. La juez, en cambio, hace suyas las tesis de los letrados del Gabinete Jurídico de la Junta —ahora gobernada por el PP y Ciudadanos— y de las defensas, favorables al archivo.

Además, se apoya en un informe pericial realizado y ratificado en el juzgado por la interventora delegada de la Junta, Rocío Marcos Ortiz, que fue interventora general de la Junta de Andalucía desde abril de 2010 hasta mayo de 2012 y años antes jefa del Gabinete de la exconsejera de Economía Magdalena Álvarez, acusada en el juicio de los ERE.

En un auto de 63 páginas al que ha accedido ABC, Núñez reproduce los argumentos de los abogados autonómicos para dictar el archivo. «Como sostienen las defensas y los letrados de la Junta de Andalucía, los indicios de la comisión de hechos delictivos [...] se han desvanecido uno por uno como consecuencia de las diligencias practicadas en el seno de la instrucción», esgrime la juez, citando una frase literal recogida en el escrito de alegaciones que firman los asesores jurídicos de la Junta, personada como acusación y perjudicada en el caso.

Como consecuencia, quedan exculpados un exconsejero de Innovación, su exviceconsejero, el exsecretario general técnico de este departamento y el exdirector de la agencia autonómica IDEA.

Los letrados de la Junta cuestionaron que los responsables de autorizar las ayudas conocieran que «se hubieran falseado las solicitudes presentadas por las empresas» beneficiarias de fondos públicos y pidieron que se incriminara sólo a los empresarios por fraude de subvenciones . La instructora rechaza siquiera actuar contra estos últimos porque no tiene cabida en esta causa. Alega que la Junta puede iniciar acciones legales si así lo cree.

Este escrito, favorable a exculpar a los políticos, no es el único que ha presentado la Junta. El pasado 8 de mayo, sus letrados elevaron otro al juzgado pidiendo que se desestimara «íntegramente» un recurso del PP en el que rechazaban, como solicitó esta parte, encargar una pericial a la Intervención del Estado y un atestado policial para analizar los avales.

En un tono alejado de la pulcritud que impera en la prosa jurídica, los abogados autonómicos llegan a calificar las pesquisas reclamadas por el PP como un «sinsentido» basándose en el informe de la perito de la Junta y le reprochan que pretenda «la creación artificiosa de una macrocausa que provoque una inquisitio generalis » o causa general. Este criterio choca con la Fiscalía, que pidió estimar el recurso del PP, y presentó hasta tres escritos solicitando el desbloqueo de esta investigación. La juez no ha dado traslado de estos mismos del PP y los fiscales a las partes hasta después de archivar el caso.

La Fiscalía Anticorrupción no se ha cansado de solicitar que «sin mayores demoras ni dilaciones» se encarguen informes a la Intervención del Estado y a la Guardia Civil. La Audiencia de Sevilla confirmó «en dos ocasiones la necesidad y pertinencia» de las mismas, recordaron los fiscales, que sí apreciaron «graves delitos» en la actuación de los ex altos cargos.

Sospechan que «de forma arbitraria se desviaban fondos públicos a determinadas empresas de forma irregular y con la única finalidad de favorecerlas». La investigación se centra en 18 empresas que recibieron fondos públicos por partida doble : a través de los citados avales y del fondo de los ERE. La Fiscalía, a través de varios escritos, pidió abrir piezas de cada beneficiario.

En su auto, la juez carga con dureza contra los fiscales y les reprocha que quieran realizar «una investigación prospectiva, prohibida por la ley» sin justificación y por puro capricho. «Las diligencias de investigación no pueden ser acordadas de forma arbitraria y caprichosa sin tener el más mínimo indicio de la comisión de ilícito penal contra las personas que solicita el Ministerio Público», rebate Núñez.

La Fiscalía y la juez hacen interpretaciones distintas sobre el informe de la perito-interventora. Donde la primera ve delitos y «resoluciones groseras» por la «indebida concesión» de avales a empresas sin publicidad ni comprobar que cumplían los requisitos, Núñez aprecia «meras irregularidades» administrativas, e incluso niega que se hayan simultaneado ayudas porque, según sostiene, los fondos de los ERE iban destinados a trabajadores y los avales a empresas en crisis.

El PP acusó a Núñez de «desobedecer» de manera «consciente y deliberadamente» instrucciones ordenadas por la Audiencia. La juez duda hasta que haya diligencias pendientes y le critica por «cuestionar la profesionalidad e independencia» de la perito. Entre tanto, archiva. A los que se oponen les queda la vía del recurso. La Audiencia tendrá la última palabra.