La Inspección del Poder Judicial disculpa a la juez del caso ERE y endosa los retrasos a la Fiscalía

La euforia mostrada por los compañeros de la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla se basa en un informe provisional de 399 páginas emitido por los inspectores que visitaron en octubre el órgano. Los jueces inspectores dan por buenas las justificaciones de la magistrada y cargan contra la Fiscalía .

En sus conclusiones, a las que ha tenido acceso ABC, el Servicio de Inspección del CGPJ aprecia en algunas piezas de investigación «paralizaciones o retrasos en la respuesta del órgano judicial» y «fallos en los actos de comunicación». Pero los disculpa o justifica aludiendo a «la carga de trabajo» y al «número de procedimientos en trámite simultáneo». Sostiene que las paralizaciones «no se deben a la inacción ni a la falta de actividad procesal o de impulso general en la labor de la oficina judicial o de la magistrada instructora».

La inspección tiene un efecto bumerán para la Fiscalía. De acusación pasa poco menos que a ser objeto de los reproches de los jueces que han analizado el juzgado y cuya situación general califican de «satisfactoria» y «loable» el esfuerzo realizado por sus «actuales integrantes». El informe provisional endosa la culpa al resto de las partes en el proceso y, expresamente, a la Fiscalía por recurrir sus archivos y resoluciones. Reduce a desencuentros jurídicos las quejas de los seis fiscales de Sevilla, la plantilla de Anticorrupción al completo.

«Desde el primer momento han existido profundas discrepancias entre la magistrada y las partes procesales , fundamentalmente la acusación pública, en torno a la delimitación subjetiva de los diferentes procedimientos» del caso ERE. Esas discrepancias han derivado en «numerosos escritos en los que se solicitaba la inclusión o exclusión de investigados en cada de las causas». La tramitación de un elevado número de recursos «ha lastrado seriamente todo el trámite procesal», llega a decir.

Fuentes del CGPJ puntualizaron a ABC que el Promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, no ha decidido aún si archivará las diligencias o incoará un expediente disciplinario contra la juez, cuya sanción puede ir desde una multa económica hasta el fin de su carrera judicial. El informe del Servicio de Inspección del CGPJ, que se da a conocer tras la llegada del diputado socialista Juan Carlos Campo al Ministerio de Justicia, fue registrado el viernes y remitido ese mismo día a la juez denunciada. Hasta ayer no lo tuvo en su poder Conde. Además, la magistrada tiene diez días de plazo para alegar. La Fiscalía no puede hacerlo. Cualquier conclusión que se extraiga es prematura.

En su informe, los fiscales especificaban que la instructora había archivado casi diez veces más piezas de las que había concluido: cerró cinco y dio carpetazo a 48, nueve de ellas porque los delitos habían prescrito. Lamentó la «desatención» de resoluciones de la Audiencia de Sevilla, la «inactividad» investigadora, y «trabas» para avanzar en los casos ERE, Avales e IDEA.

Anticorrupción reprochaba a la juez «un vaciamiento progresivo de las actuaciones», ya sea mediant e «exclusiones» de los ex altos cargos socialistas , o «sobreseimientos de otros funcionarios, sindicalistas y empresarios». Los jueces inspectores que visitaron el juzgado sostienen que «generalmente» las exclusiones eran confirmadas por la Audiencia de Sevilla, obviando numerosos autos que enmiendan sus decisiones y que no afectan a políticos enjuiciados. En los casos Avales e IDEA, admiten «un retraso en el auto de investigación», pero no le afean esta conducta.

Anticorrupción aportó dos datos que no han sido rebatidos ni explicados. El juez de refuerzo, Álvaro Martín, finalizó tres investigaciones «ya en 2016», incluida la pieza política que acabó condenando a Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a 17 ex altos cargos más de la Junta de Andalucía . «En llamativo contraste, la instructora no ha dictado ninguno».

En el caso IDEA hubo que esperar dos años para que fueran atendidas las diligencias pedidas por la Fiscalía. «No lo hizo la magistrada Bolaños sino la juez Pilar Ordóñez », que asumió la investigación mientras se tramitaba una recusación del PP. Corresponde ahora al CGPJ, que ya apartó en 2015 la juez Mercedes Alaya de la macrocausa de los ERE y Formación, juzgar si tales comparaciones merecen o no un castigo.