Jueces compañeros de Núñez Bolaños anticipan que el Poder Judicial no la castigará por paralizar el caso ERE

Mediante una nota de prensa, la AJFV asegura que el servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha apreciado desatención o falta de actividad en la jueza de Sevilla María Núñez Bolaños y achaca los retrasos en su Juzgado a la carga de trabajo y a la complejidad de asuntos como el caso ERE. Fuentes del CGPJ no confirman ni desmienten dicho extremo y rehúsan hacer valoraciones. Sí puntualizan que la decisión no está aún tomada.

De hecho, el mencionado informe fue notificado el pasado viernes a la juez, como es preceptivo, y hasta este lunes no ha llegado a las manos del promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde , que tiene que estudiarlo a fondo antes de decidir si incoa o no un expediente disciplinario contra la magistrada, decisión que no está aún tomada. El servicio de inspectores lo remitió a la juez instructora del caso ERE el pasado viernes para que formulara alegaciones.

Tras analizar el informe y las alegaciones será cuando el promotor de la Acción Disciplinaria mueva ficha en un sentido o en otro. Se trata de un informe de más de 400 folios y tardará días en estudiarlo. El plazo de alegaciones es de 10 días , a partir del día siguiente de la notificación

Desde la asociación a la que pertenece la magistrada ya echan las campanas al vuelo. Sin esperar a las conclusiones del CGPJ, basándose en un informe provisional facilitado a la magistrada, aseguran que tras la visita cursada por miembros del mismo el pasado mes de octubre al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción presentada el pasado mes de julio, que atribuía una infracción grave o muy grave a la magistrada.

La juez, que se encuentra de baja médica desde el 3 de septiembre pasado, está siendo investigada por una delegación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a raíz de la denuncia que presentó el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón . En un ilustrativo informe firmado por los seis fiscales Anticorrupción de Sevilla, detallan « abrumadoras muestras de conductas irregulares » en sus instrucciones y una «inequívoca actuación dilatoria» que consideran como una falta «grave» o «muy grave». La instructora puede enfrentarse a sanciones que van desde los 501 euros hasta el traslado a otro juzgado o su separación de la carrera judicial.

Según la asociación, el informe provisional de los inspectores concluye que la situación general de este Juzgado es satisfactoria y resalta el esfuerzo de todos los que trabajan en él , incluyendo a la propia jueza. Anticipan que los retrasos que hayan podido producirse en la tramitación de algún asunto no son generales ni imputables a la desatención o falta de actividad de la magistrada sino a la carga de trabajo de ese juzgado, la complejidad de los asuntos que trata y el elevado número de incidentes procesales provocados por peticiones de las partes intervinientes.

En su comunicado, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) reitera su apoyo a la jueza Núñez Bolaños y «al ejercicio independiente de su función jurisdiccional» y reclama «que le permitan seguir trabajando sin interferencias para que los complejos asuntos de los que está conociendo puedan llegar a su fin».

«Hemos defendido públicamente la profesionalidad de esta magistrada en varias ocasiones anteriores, exigiendo respeto para su trabajo ante los reiterados ataques, incluso personales, a los que se ha visto sometida, algunos de los cuales excedían el límite de la crítica razonable a una servidora pública que resulta admisible en un Estado democrático», comenta la AJFV.

En su «Informe ilustrativo, no exhaustivo de la desatención observada» en los casos ERE, Avales y Agencia IDEA, Alejandro Luzón compara la «inactividad real y efectiva del impulso procesal» de Núñez con la actividad resolutiva mostrada por otros jueces que han asumido de forma temporal algunas de sus instrucciones.

De las seis piezas piloto del caso ERE, dividido en noviembre de 2015 con el objetivo de «agilizarlo», el juez de refuerzo, Álvaro Martín , finalizó tres investigaciones «ya en 2016»: las ayudas concedidas a Surcolor y Acyco y el procedimiento específico, por el que han sido juzgados los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, pendientes de la sentencia. «En llamativo contraste, la instructora no ha dictado ninguno», sostiene el fiscal.

Las tres piezas restantes, que asumió a Núñez, afectan a las ayudas concedidas a la trama de Rosendo y Sayago , las sobrecomisiones y Cenforpre. En la causa que indaga en los 34 millones que acapararon las empresas de José María Sayago y José Enrique Rosendo, ya fallecido, «tras diversos avatares procesales y los oportunos recordatorios de esta Fiscalía, la instructora continúa sin dictar una resolución». En las sobrecomisiones, el fiscal le ha pedido con insistencia que cierre las diligencias, «auto que la instructora tampoco ha acordado». Tramitó el enjuiciamiento de la pieza de Cenforpre y de las ayudas al chófer del exdirector de Trabajo Javier Guerrero.

La mayoría de las investigaciones están afectadas por « la parálisis, en abierta contradicción con lo que debe ser la instrucción como fase previa para el enjuiciamiento de hechos con clara apariencia delictiva y de suma gravedad como son las conductas relacionadas con la corrupción que implica el cuantioso desvío de fondos públicos», afirma la denuncia.