Hacienda reconoce «desigualdades» en el impuesto de sucesiones

En dicha carta, la consejera María Jesús Montero reconoce que hay «preocupación social» por la «desigualdad» que genera este impuesto. Según la Junta, «las comunidades que están mejor financiadas tienen la posibilidad de introducir bonificaciones fiscales pero Andalucía está por debajo de la media. Ante esta circunstancia, solicitamos que ejerza la competencia que tiene y el impuesto de sucesiones salga del sistema de financiación autonómico».

La Junta defiende que Andalucía recibe unos mil millones de euros menos de lo que le correspondería del Estado al año, lo que perjudica sus servicios públicos. Tras la celebración de la Conferencia de Presidentes, se ha abierto un grupo de trabajo sobre el sistema de financiación de las comunidades autónomas en el que se debatirá cómo se reparten los fondos públicos. Sin embargo, el Ejecutivo andaluz estima que la «preocupación social» sobre el impuesto de sucesiones obliga a una solución «sin dilación».

El propio Gobierno andaluz tampoco tiene muy claro los detalles técnicos del tributo . Mientras que el portavoz del Gobierno Miguel Ángel Vázquez pedía una compensación por la recaudación anual del tributo, que él cifraba en 500 millones, fuentes de la Consejería de Hacienda explicaban a ABC que la compensación pasaría sólo por entregar a las arcas de la Junta lo que de dejaría de ingresar si se bajasen los tipos para los parientes directos (grupos I y II), ya que el resto de parientes tienen un tratamiento fiscal similar en todas las comunidades autónomas.

Hacienda pide una armonización de este tributo en toda España, una demanda que apoya Ciudadanos , si bien explica que es responsabilidad del Gobierno central articular la manera correcta de llevarla a cabo así como si es o no procedente retirarlo sólo a algunas comunidades autónomas y mantenerlo en otras.

Aún así los responsables de la consejería reconocen que los cambios que se puedan llevar a cabo afectarían a todas las comunidades de régimen general, dejando a un lado las que tienen un Derecho Civil propio o un régimen fiscal especial.