La Guardia Civil insiste: «El sistema de ayudas del caso ERE era conocido por el Consejo de Gobierno de Andalucía»

El comandante, que elaboró el atestado sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo en mayo de 2012, ha declarado hoy como testigo en el juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta acusados de prevaricación y malversación , entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por crear y mantener un «procedimiento específico» con el que durante una década el Gobierno andaluz repartió 855 millones en ayudas de forma arbitraria y eludiendo los controles, según la Fiscalía y las acusaciones del PP andaluz y Manos Limpias.

A preguntas del abogado del PP-A Luis García Navarro, el investigador, que ha declarado como testigo, ha señalado de que llegan a la «conclusión policial» de que el sistema «era conocido por el Consejo de Gobierno» basándose en las manifestaciones de personas cualificadas como el interventor general de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2010, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, y en el análisis de los informes de control financiero permanente y del informe adicional de 2005 dirigido a tres destinatarios distintos.

Los receptores son el exconsejero de Economía y Hacienda José Antonio Griñán , el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, en el caso del último informe en el que el interventor advierte de que se está prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido en la concesión de las ayudas. Griñán «aparece como destinatario» de los informes del interventor alertando de que el procedimiento era inadecuado, responde a preguntas del letrado del expresidente, que delegó su defensa en el abogado Juan Carlos Alférez.

Para el guardia civil, también ayuda a formarse esta opinión sobre el general conocimiento por parte del Consejo de Gobierno a partir de «determinados mecanismos» como las fichas presupuestarias y las modificaciones presupuestarias que ampliaban la partida de los ERE, aprobadas en el máximo órgano ejecutivo de la Junta.

En aquel momento, afirma, «ya está superado el concepto» de que sólo lo conocía la Consejería de Empleo puesto que Antonio Fernández «dice que ha hablado en las reuniones de viceconsejeros» o consejillos preparatorias de los Consejos de Gobierno y «lo dice alguien que forma parte de esa comisión».

El letrado del PP también le ha preguntado si la Consejería de Economía y Hacienda conocía el procedimiento para conceder ayudas. El investigador de la UCO ha declarado que « creemos que sí conocía el procedimiento» .

El comandante ha relatado que, basándose en declaraciones del chófer del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero durante la instrucción, Juan Francisco Trujillo, parte del dinero que le daba su jefe a sus empresas «iba dirigido a consumos personales» , en alusión a los gastos en copas y cocaína, y a regalos. La madre del conductor figuraba como intrusa en un ERE.

El responsable de la UCO ha aseverado que «desde el punto de vista policial» llamó la atención que «había una total falta de procedimiento desde el punto de vista administrativo en la forma de gestión de las ayudas».

El instructor del informe que incriminó al Gobierno andaluz en el caso ha explicado que, a su juicio, no se destruyó documentación alguna durante la revisión de los expedientes efectuada el fin de semana del 20 de noviembre de 2010 , cuando el caso ERE ya había saltado a la prensa.

Según el agente, «se retiró documentación que él denominaba comprometida», en alusión al exdirector general de Trabajo Daniel Alberto Rivera. De acuerdo con el atestado que él firma, se sacó documentación que pudiera haber resultado comprometida o de interés para la investigación . Los expedientes que solicitó el juzgado «no se mandaron tal cual estaban en la Dirección de Trabajo, sino una vez completados con distintos documentos que les faltaban».

Por otro lado, el comandante ha asegurado que se dieron ayudas por «afinidad familiar, política o de amistad» . Así, ha recordado que entre los intrusos figura el marido de una exconcejala del PSOE de Camas (Sevilla) y un concuñado del exdirector de Trabajo de Sevilla Antonio Rivas. De hecho, ha indicado, que en el caso del ERE de la empresa Surcolor, que él investigó, «la vida laboral se emite desde la sede del PSOE de Camas».