Un investigador de la Guardia Civil declara que las ayudas del caso ERE «son ilegales»

A su juicio, « hay un procedimiento para saltarse la fiscalización previa o crítica » a la hora de concederlas. «En ella entran a jugar las transferencias de financiación, es un componente más», el mecanismo utilizado por la Consejería de Empleo para enviar dinero a la agencia IFA/IDEA, que se limitaba a pagar las ayudas que aquella otorgaba, aseguró a preguntas del abogado Juan Carlos Alférez, que representa al exdirector general de IDEA Jacinto Cañete.

«Yo creo que las ayudas son ilegales», ha señalado el investigador al ser preguntado por el abogado del exconsejero de Empleo José Antonio Viera acerca de la orden ministerial de 1995 sobre ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por procesos de reconversión y/o reestructuración de empresas. «Creo que no es de aplicación» en Andalucía. Ha defendido que hay «multitud de indicios» que le permiten llegar a esta conclusión, más allá de la inexistencia de una norma reguladora para conceder las ayudas autonómicas. « No cumplen ni los mínimos: no hay seguimiento, no hay control , no hay solicitud, no hay nada».

El responsable de la UCO ha asegurado que no había voluntad de regularizar el procedimiento. «Si hubieran querido lo hubieran normalizado. Hay multitud de actores, a mi juicio, que lo conocen todo. Se intenta dotar de una norma pero no se le dota por aquellos que tienen la capacidad de hacerlo », ha afirmado, al ser preguntado por el abogado del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías.

El agente que ha testificado por segundo día ante el tribunal que juzga a 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía ha situado la génesis del procedimiento irregular del caso ERE en los reparos que el interventor de la Administración autonómica había puesto en el año 1999 al primer convenio de la Consejería de Trabajo para dar 685.153 euros a la fábrica de chorizos de Jaén Cárnicas Molina canalizando los pagos a través de una agencia externa, IFA. «Este sistema se financiaba con modificaciones presupuestarias antes de que se le diera una financiación» en los presupuestos, ha expuesto.

A preguntas de Miguel Delgado, letrado del exdirector general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano, el comandante de la Guardia Civil ha reconocido que acudió a la casa de la anterior instructora del caso ERE, Mercedes Alaya, cuando esta se encontraba de baja médica (entre septiembre de 2012 y marzo de 2013), para interesarse por su salud. La magistrada padecía una neuralgia del trigémino que produce fuertes dolores de cabeza. «Yo la considero una persona que lo ha pasado mal», ha manifestado. El abogado le preguntó si habían hablado de la causa de los ERE. El agente ha respondido que «evidentemente está en el procedimiento y es lógico que hablamos», pero ha negado que abordaran nada relacionado con la investigación.

El citado investigador ha seguido el rastro del dinero de las ayudas sociolaborales desde el verano de 2011 , por encargo de la entonces instructora del caso, Mercedes Alaya, en un proceso que ha sentado en el banquillo, entre otros, a los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

Durante la sesión, varias defensas de los acusados han tratado de cuestionar con sus preguntas las investigaciones realizadas por este testigos que ha llegado a admitir que « ha habido muchas cosas raras en todo esto ». Fue su respuesta a Encarnación Molino, letrada del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, procesado en esta causa. La abogada le preguntó por una ayuda concedida a la empresa A Novo Comlink.

El interrogatorio de los abogados al investigador policial ha pasado por algunos momentos tensos cuando los letrados han pedido una valoración subjetiva sobre determinadas cuestiones técnicas recogidas en los atestados. « No ponga en mí cosas que no son », se ha quejado el agente ante una pregunta del letrado Alférez acerca del conocimiento que los interventores delegados de Empleo tenían sobre el funcionamiento del sistema de los ERE a la hora de fiscalizar las transferencias de financiación a la agencia IFA/IDEA.

La Guardia Civil entregó en abril de 2015 un atestado al instructor de la causa de los ERE irregulares en el Tribunal Supremo , Alberto Jorge Barreiro, solicitado posteriormente por la por entonces juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, en el que la UCO concluía que Zarrías presidió hasta doce sesiones de la Comisión General de Viceconsejeros -los denominados 'consejillos'- en las que se trataron acuerdos relacionados con las ayudas y modificaciones presupuestarias del programa 31L, conocido como 'fondo de reptiles' y con cargo al que se pagaban las ayudas sociolaborales y a empresas, en virtud del convenio marco de 2001 entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posteriormente Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).

Los agentes analizaron un total de 26 actas de otros tantos 'consejillos' celebrados entre el 11 de abril de 2000 y el 30 de noviembre de 2011 en los que se trataron modificaciones presupuestarias relacionadas con las ayudas los ERE o un proyecto de decreto para regular este fondo que no se llegó a materializar a pesar de llevarse hasta en tres ocasiones al 'consejillo'. 

Tras estudiar las actas de las sesiones relacionadas, los agentes concluyen que Zarrías, como consejero de Presidencia, habría presidido un total de ocho sesiones en las que se habrían expuesto acuerdos relacionados con las ayudas y modificaciones presupuestarias del programa 31L, a lo que se suma que «habría presidido otras cuatro sesiones en las que se habría dado lectura y aprobación de acuerdos adoptados en reuniones anteriores de la Comisión en las que éste no asistió».