La juez Núñez devuelve sin investigar cientos de expedientes de cursos de formación

La documentación fue solicitada por la juez Mercedes Alaya, que investigaba las irregularidades en cursos concedidos por la Junta de Andalucía al exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, y se encontraba almacenada en un calabozo de la Jefatura de la Policía Local de San Fernando desde el 18 de noviembre de 2014.

El pasado 19 de marzo, la Guardia Civil envió un oficio a la juez Núñez en el que solicitaba que «se estima oportuno, se acuerde el traslado de la citada documentación a dependencias judiciales». Mediante una providencia dictada el pasado día 23, la juez acuerda «su retirada y devolución a su procedencia », es decir, al Consistorio, sin trasladarla a las partes personadas en las diligencias que se centran en las supuestas irregularidades en los cursos concedidos al exconsejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda a extrabajadores de la planta que tenía en Puerto Real (Cádiz) la multinacional Delphi Automotive Systems.

Alaya abrió una investigación para conocer el destino de 33,3 millones de euro s que recibieron cinco asociaciones pertenecientes al grupo Prescal, presidido por el exconsejero y empresario, para formar y pagar nóminas a exempleados de la antigua fábrica de automoción cerrada en 2007.

Según cuenta a la juez Núñez la Guardia Civil, en diciembre de 2014, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) examinaron con detalle la documentación incautada por orden de la entonces instructora del caso y retiraron la que consideraron «de interés», que sirvió de base para elaborar un atestado.

No es la primera vez que expedientes se quedan varados en algunas dependencias. El pasado 5 de marzo el letrado de Ojeda, Juan Carlos Alférez, pidió a la magistrada que se incorporaran a la causa abierta el 15 de diciembre de 2015 contra su defendido «la totalidad de los expedientes Delphi» , que estaban alojados desde hace casi cuatro años el juzgado, según reveló un escrito por el que la Junta informaba de que los documentos se encontraban allí desde mayo de 2014.

Los letrados de la acusación popular que ejerce el PP andaluz, Luis García Navarro y Lourdes Fuster, también solicitaron a Núñez que se uniera la documentación a la causa y que fuera entregada a las partes la totalidad de los expedientes a los que alude el escrito del abogado del exconsejero.