La Guardia Civil denuncia la «inacción» de la Junta para recuperar el dinero defraudado de los cursos

La suma de fondos que ha reclamado representa sólo el 1,1 por ciento de los 3.015 millones de euros en ayudas dadas pendientes de justificar, según un informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía. Las intervenciones competentes tramitaron requerimientos por este montante económico correspondientes a los programas 32D y 32L , vinculados a los fondos para cursos de formación, según advierte la UCO en el informe incorporado al sumario judicial.

El Ejecutivo autonómico atribuyó a un «error» de cálculo los 3.015 millones de euros que recoge la UCO en su informe y rebajó a 733,7 millones de euros los libramientos pendientes de justificar del programa de Formación para el Empleo en el periodo de 2007 a 2015. Tomando como referencia esta segunda cifra, las cuentas siguen sin salir. Los fondos reclamados mediante expedientes de reintegro no llegarían ni al 5 por ciento .

Los investigadores destacan el desfase existente entre la riada de fondos que « no han sido justificados » y los que fueron comunicados por la Intervención periódicamente al SAE «con indicación de exigir su justificación o la apertura del correspondiente expediente de reintegro». La Guardia Civil concluye que « la inacción de la Administración podría haber causado un importante menoscabo de fondos públicos», ya que la Junta les adelantaba entre un 50 y 75 por ciento del dinero concedido a las entidades y empresas beneficiarias para que hicieran los cursos y les pagaban el resto al finalizarlos y tras presentar las facturas.

La UCO pide a la juez que requiera tanto al servicio público de empleo como a la Intervención General de la Junta de Andalucía que «informen de manera detallada y cuantificada de los fondos sin justificar sobre los que ha prescrito el derecho de la Administración a su recuperación».

Los reintegros más cuantiosos corresponden a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), adscrita a la antigua Consejería de Empleo, a la que la propia Junta reclama 4,62 millones de euros por ayudas mal endosadas a cuatro subvenciones concedidas en 2007. En la relación de reintegros facilitada por el SAE al juzgado, también destacan los 1,67 millones reclamados al sindicato Comisiones Obreras correspondientes a una ayuda otorgada en 2006.

La Intervención ha lanzado advertencias al SAE en repetidas ocasiones por su falta de diligencia para reclamar los fondos. Una de las primeras bengalas de aviso la lanzó en junio de 2013. En un informe remitido entonces al SAE, el órgano fiscalizador le indicaba «la posible situación de riesgo de prescripción del derecho a solicitar las justificaciones, y en su caso, al inicio, tramitación y resolución de los respectivos expedientes para la recuperación de las cantidades correspondientes, junto con los intereses de demora».

El atestado de la UCO es posterior a la última comparecencia ante el Pleno del Parlamento del consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado , el pasado julio, en la que informó del proceso de revisión de los expedientes de los cursos de formación que la Junta puso en marcha tras estallar el escándalo . Informó de que había resuelto reintegros en firme por un total de 71,9 millones de euros tras comprobar 5.300 de los 8.500 expedientes de ayudas otorgadas a diferentes entidades entre los años 2007 y 2012. Aún tenía pendiente de verificar 2.127 expedientes que sumaban 662,5 millones de euros.