La Junta tiene 5.170 facturas sobre ayudas de formación a punto de prescribir

La propia Consejería, que cifró en 20,8 millones de euros el quebranto causado por los cursos subvencionados que fueron justificados irregularmente, admite en un informe que tiene «5.170 documentos contables» sobre expedientes a punto de caducar. Así lo advierte el director general de Formación Profesional para el Empleo, Manuel Jesús García Martín , en un escrito remitido al juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, que investiga un fraude masivo en los fondos de formación. De producirse la prescripción, el supuesto desvío de fondos podría quedar impune y decaería el derecho de la Administración a reclamar el dinero.

En este escrito, que data del 15 de mayo pasado, el responsable autonómico pide a la entonces juez instructora del caso, Mercedes Alaya , que le entregue «progresivamente» los documentos almacenados en 2 .058 cajas archivadoras custodiadas en dependencias del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) bajo precinto judicial. Mediante un auto del pasado 10 de abril, Alaya (que el pasado martes fue apartada del caso por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) instó a la Junta a designar a un equipo de funcionarios para atender los requerimientos judiciales sobre los expedientes.

Para curarse en salud en el caso de que ésta le reproche falta de colaboración, la Dirección General de Formación alega que los medios humanos y materiales son limitados y que «la gestión de cada uno de los expedientes supone un enorme trabajo dada la antigüedad de la documentación justificativa , así como el estado en la que se encuentra en las cajas de documentación recibidas del SAE». Teme que los tres funcionarios designados para esta titánica tarea (dos técnicos y un administrativo) se vean sobrepasados «dado el volumen considerable de documentación», por lo que le pide paciencia . Al mismo tiempo, el director general defiende que «todo el esfuerzo» está orientado a «tramitar los expedientes de subvenciones pendientes de liquidación para evitar el riesgo irreparable para los fondos públicos si se produjese una prescripción de los mismos».

El Gobierno andaluz es consciente de que se enfrenta a una carrera de obstáculos, administrativos y judiciales , para recuperar el dinero. Prueba de ello es que la Consejería de Educación (que asumió las competencias de formación en la pasada legislatura) no facilita datos sobre la cuantía que ha retornado a las arcas.