¿Por qué el Gobierno de Sánchez debe 4.000 millones a los andaluces?

Desde que Zapatero planteó el actual modelo, en el año 2009, y el entonces presidente andaluz José Antonio Griñán se lo bendijo, desde Andalucía se ha clamado contra un modelo de reparto de los recursos del Estado que se entiende que agravia a Andalucía y a otras comunidades como Valencia, también infrafinanciada para hacer frente a los servicios públicos que presta.

Tras seis meses de debates, intensas reuniones y la participación de más de cuarenta expertos, el 22 de marzo de 2018, el Parlamento andaluz aprobó por mayoría aplastante un documento con la propuesta de Andalucía para reformar el sistema de financiación. Una propuesta que se convertía así en la voz de toda Andalucía y que sus sucesivos gobiernos deben defender. La única nota discordante la puso entonces Ciudadanos cuyos 8 diputados se abstuvieron en la votación. No estaban de acuerdo con los términos de la reforma del modelo de financiación en una decisión política que entonces fue una anécdota pero que ahora se ha convertido en un problema político porque Ciudadanos forma parte del actual Ejecutivo. Es más, Marín no se ha pronunciado formalmente sobre si defenderá o no este acuerdo aprobado por el Parlamento.

La propuesta de reforma validada por el Parlamento recoge la infrafinanciación de Andalucía por la «mala» aplicación del actual modelo y considera adecuado un mecanismo de reestructuración de la deuda autonómica en manos del Estado y el acceso en igualdad a los servicios públicos.

La propuesta andaluza estima que el sistema en general requiere de 16.000 millones más al año, de los que Andalucía debe recibir unos 4.000 millones anuales para hacer frente a los servicios públicos . El dictamen del Parlamento introduce también criterios políticos para el cálculo del reparto de los recursos públicos. Así, introduce la insuficiencia financiera y nuevas variables para el cálculo como la población real que hay en el territorio, el número de universitarios, la tasa de paro, la de pobreza o el número de personas dependientes.

Mantiene la cesión del 50 por ciento del IRPF y elevar los porcentajes de cesión del IVA, así como de los Impuestos Especiales al 70 % para dar suficiencia a servicios públicos fundamentales . Otro de los principios que defiende Andalucía es que propugna la eliminación del status quo entre las distintas comunidades que consolida el actual modelo de financiación y reclama mayor transparencia en el cálculo del cupo vasco y la aportación navarra con mayor coordinación entre el régimen común y el foral.