Juan Bravo: «Montero se ha ido a Madrid y se ha olvidado de los 4.000 millones que ella pedía»

¿Cree que el bloqueo de 1.350 millones responde a una estrategia de la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, para que el PP vote la investidura de Sánchez?

Lo que ha defendido hasta el momento es que si no hay una investidura de Pedro Sánchez (PSOE), esos pagos no se podrían hacer. Tras las presión de las comunidades gobernadas por PP y Ciudadanos, ahora dice que a final de año se harán los pagos, lo que evidencia que se pueden afrontar situaciones excepcionales con respuestas excepcionales. La financiación autonómica no es un problema de coyuntura política, sino una cuestión técnica que puede tener soluciones que debemos explorar entre todos. Hacer lo contrario afecta a las capacidades y competencias de las comunidades.

¿Le ha llamado la ministra después de pedir una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiero (CPFF)?

No, a nosotros la ministra no nos ha llamado para darnos ninguna explicación hasta la fecha. Nosotros sí que hemos hecho una propuesta de diálogo. Por eso el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), ha pedido la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque consideramos que con el diálogo de todos los afectados, sean del partido que sean, se puede encontrar la solución; pero no hemos obtenido respuesta. Ese dinero es de Andalucía y debe acabar en los presupuestos de la comunidad.

Ha señalado que el 70% de ese dinero es para políticas sociales. ¿Qué efectos causaría no recibirlo a tiempo?

En los presupuestos, el 70% es para políticas sociales, llámese Sanidad, Educación, Igualdad o Dependencia. Por eso, poner en riesgo los ingresos de las comunidades es poner en riesgo la política social de todo el país, ya sea generando dificultades en el cumplimiento del déficit o problemas de tesorería. Nos estamos jugando mucho con esta cuestión. Para la Junta, la seguridad jurídica, la estabilidad y la certidumbre son prioritarias.

¿En qué fecha el Estado tiene que haber transferido los 1.350 millones?

Se podría haber hecho la actualización de las entregas a cuenta antes de las elecciones generales de abril. ¿Por qué no se hizo? Lo ignoro, pero eso ya no tiene remedio. Ahora debemos estudiar nuevas soluciones para que las comunidades reciban 7.500 millones de euros que les corresponden.

La ministra de Hacienda y el PSOE defienden que hay un informe de la Abogacía del Estado y hay que cumplir la ley, que impide realizar los pagos con un Gobierno en funciones.

Cuando el PSOE gobernaba Andalucía la ministra Montero le prometió al entonces consejero de Hacienda, Antonio Ramírez de Arellano, más financiación de la que ahora pedimos nosotros, que es la que legalmente nos corresponde. Es cierto que han solicitado a última hora un informe a la Abogacía del Estado, pero la pregunta que formula el Ejecutivo es muy abstracta. El informe detalla que el Gobierno en funciones debe actuar en situaciones de urgencia, de interés general y que no comprometan al siguiente, y el problema del que estamos hablando responde a estas características. Los viernes sociales de Sánchez comprometieron mucho más al siguiente Gobierno que cumplir con el sistema de financiación autonómica, que es lo que estamos requiriendo ahora. Este sistema busca la autonomía financiera de las comunidades, que es lo que está ahora en entredicho. Yendo al fondo de las normas encontraremos varías vías para solucionar el problema.

¿Se plantea presentar un recurso contra el Estado, como ha hecho Cataluña, si no libera los pagos?

Sorprende que hayamos sido más criticadas las comunidas autónomas de PP y Cs por pedir el CPFF que aquellos que han dicho que utilizarían directamente la vía judicial, lo cual es respetable, porque ese dinero es de las comunidades. No excluimos ninguna vía, aunque nuestra preferencia es que con el diálogo y lealtad institucional se imponga la lógica.

¿Qué cree que hubiera dicho la señora Montero, que fue consejera de Hacienda, si estuviera en su caso?

Como consejera defendió la ampliación de la financiación autonómica en 16.000 millones de euros para el conjunto de las comunidades y en 4.000 millones para Andalucía. En cuanto llegó a Madrid dijo que esto no es una prioridad. Criticó mucho que se limitara la autonomía de Andalucía y ya vemos lo que está haciendo ahora. Ha pasado de quien venía a solucionar los problemas a comunidades como Andalucía a convertirse en la generadora de problemas. En Andalucía era de convicciones autonomistas y ahora en Madrid, de convicciones centralistas.

En la pasada legislatura, Susana Díaz y María Jesús Montero apostaron fuerte a la carta de la financiación autonómica y le reclamaron al Gobierno del PP unos 4.000 millones más para tener una financiación justa para Andalucía. PSOE-A, PP-A, Podemos e IU aprobaron incluso un acuerdo en el Parlamento. ¿Qué van a hacer para reivindicar ese dinero?

La ministra lleva un año de gobierno y no ha abierto el debate. El CPFF no se ha convocado, pese a que el reglamento dice que se reúne dos veces al año. Hay un acuerdo del Parlamento de Andalucía que pide 4.000 millones, con la ventaja teórica de que la que es hoy ministra es la que pedía eso para Andalucía, aunque ahora que se ha ido a Madrid vemos que en la práctica se le ha olvidado. Lo que parece claro es que si hablamos de la financiación de todas las comunidades, no puede volver a suceder como en 2009, que sea un acuerdo entre el PSOE y ERC; debe aglutinar a más partidos políticos. Pero si ahora tenemos el problema de pedir lo que es nuestro, imagínese el planteamiento de la financiación autonómica. Nosotros lo hemos pedido, pero hasta la fecha no hay respuesta. El Gobierno de Mariano Rajoy ya había iniciado este proceso.

Precisamente, una de las críticas que le hace el Gobierno es qué Rajoy no modificó nada en seis años.

La ley de financiación autonómica de 2009 no marca tiempos de caducidad, dice que a partir del quinto año se puede revisar. Cuando llega Rajoy, el ministro Cristóbal Montoro puso a disposición de las comunidades más de 160.000 millones para pagar facturas en los cajones, y eso ha supuesto 50.000 millones de ahorro de intereses. ¿No es eso acaso una política ambiciosa para la financiación de las comunidades? Se hizo en el momento más duro de la crisis. Ojalá ahora exista una ambición semejante para ayudar a la autonomía financiera de las regiones. El expresidente Rajoy amplió la deuda de las autonomías con el Estado en 20 años; la actual ministra Montero estaba entonces en la Junta y sabe muy bien cómo se pagaron las facturas de la sanidad andaluza.

¿Está ya negociando con Vox y Cs el próximo presupuesto de la Junta?

Con Cs no nos tenemos que sentar, somos un único Gobierno. Las consejerías ya han mandado sus propuestas y tenemos que ver qué ingresos tenemos. Con Vox hay un acuerdo con medidas para 2019 y 2020, y cuando tengamos un esqueleto del borrador nos sentaremos. También volveremos a llamar a PSOE y Adelante Andalucía.

El presupuesto de este año lo calificó como «el más social de la historia» de Andalucía. ¿Qué apelativo aplicará a las próximas cuentas?

En el presupuesto de 2020 el objetivo prioritario sigue siendo la mejora de las políticas sociales, pero también es la hora de impulsar cuestiones más concretas en infraestructuras y desarrollo de la comunidad. Hasta ahora, habíamos heredado muchos compromisos adquiridos y no pagados del anterior Gobierno. Ahora podemos tener más margen para las políticas del cambio.

¿Habrá nuevas bajadas de impuestos en los presupuestos de 2020?

El objetivo es mejorar la fiscalidad y dejar el grupo de territorios con la fiscalidad más alta. Estamos analizando nuevas medidas, pero aún las estamos perfilando y evaluando costes. Nos gustaría hacer más, pero hay que mantener el equilibrio entre ingresos y gastos. Así que habrá mejoras continuas pero paulatinas.