El Gobierno de Rajoy no quiere pleitos con el de Susana Díaz

Así consta en los escritos que envió el Gobierno, a través del Ministerio de Presidencia y para las Administraciones Territoriales y a los que ha tenido acceso Efe. El objetivo se reseña en uno de esos textos: «Resolver la discrepancia competencial señalada» pero sin llegar a los tribunales, como ha sido habitual en las relaciones que ambos ejecutivos han mantenido hasta la fecha.

El pasado mes de noviembre el Parlamento andaluz convalidó un decreto ley por el que establece la recuperación de las 35 horas semanales de trabajo para los funcionarios y empleados de la administración autonómica, una medida que está previsto que comience a hacerse efectiva el próximo 16 de enero, cuando finalice el período navideño.

La aprobación del decreto se produjo a pesar de que unos meses antes, en mayo, el Tribunal Constitucional anuló la misma medida en Castilla-La Mancha . Precisamente por eso, el texto que el Gobierno andaluz presentó ante el Parlamento no tenía informe jurídico que lo avalase como es preceptivo, pero se aprobó con los votos de PSOE, Podemos e IU y la abstención de PP y Ciudadanos.

Hay otras comunidades autónomas, como Extremadura, que cuenta entre sus planes con restaurar dicha jornada laboral, tal y como declaró el presidente Guillermo Fernández Vara hace pocos días.

Con el fin de evitar el recurso de inconstitucionalidad, pues el Gobierno de España aprecia conflicto competencial, tal y como alegó con el decreto de Castilla-La Mancha , quiere instaurar un cauce de diálogo y dar con una solución, lo mismo que pretende hacer con el Gobierno vasco, con el que se ha cruzado varios recursos.

En el escrito dirigido a Andalucía recuerda por qué quiere convocar la Comisión Bilateral : la jornada de 35 horas semanales «vulnera las competencias del Estado en materia de legislación laboral y de regulación básica de los derechos y deberes del personal del sector público». Entiende el alto tribunal que es el Estado «quien debe establecer la jornada mínima», ahora en 37 horas y media semanales de trabajo.

«De reunirse ese grupo de trabajo y conseguir alcanzar un acuerdo, se evitaría la interposición de un recurso de inconstitucionalidad frente a la norma andaluza», remarca el Gobierno.

Efe también ha tenido acceso a otro escrito del Ministerio de Presidencia en el que, tras recordar esa colisión competencial, recuerda que la norma por la que fija las 37 horas y media de cupo laboral semanal «no ha sido derogada y su constitucionalidad ha sido avalada por el Tribunal Constitucional ». Es, por tanto, la norma vigente.

«La norma de la Comunidad Autónoma de Andalucía resulta controvertida» por cuanto establece una jornada laboral que no es la que la legislación del Estado establece, indica el Gobierno. Pero la voluntad del Gobierno es acordar esa «fórmula adecuada» citada que evite la litigiosidad ante el Constitucional.