La Fiscalía investiga los 7,4 millones que el Gobierno de Susana Díaz «perdonó» a UGT y CC.OO.

Para indagar en el destino del dinero público y analizar las posible conductas delictivas, la Guardia Civil ha solicitado documentación a la Administración y a otros implicados.

Los 7,4 millones de euros que la Junta reclama a los sindicatos corresponden a los precios públicos cobrados entre los años 2003 y 2006 a los usuarios de las Residencias de Tiempo Libre repartidas por Andalucía . Por encargo de la Junta, ambas organizaciones adjudicaban las plazas de estos complejos de vacaciones públicos pensados para que los trabajadores y sus familias veranearan a precios asequibles.

Las centrales recaudaban el dinero y posteriormente ingresaban el 80% de lo cobrado a la Hacienda Pública. Se quedaban con el 20% restante por los «gastos originados por la gestión» . Un informe de la letrada de la Junta del 21 de mayo pasado alertó a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la obligación de ejercer acciones penales al apreciar «posibles indicios de un delito de grave de malversación».

Como ha adelantado ABC, siguiendo las indicaciones de la letrada, la consejera, Rocío Blanco (Ciudadanos), remitió el 18 de julio pasado la documentación a la Fiscalía de Sevilla, que ha incoado unas diligencias de investigación.

En abril y mayo de 2017, bajo el Gobierno de Susana Díaz, el Gabinete Jurídico remitió un oficio a la Dirección General de Relaciones Laborales de la antigua Consejería de Empleo poniendo en su conocimiento «la imposibilidad de recuperar las cantidades reclamadas» en la vía contencioso-administrativa, lo que «determina la procedencia de exigir las responsabilidades contables y, en su caso, penales conforme indicó el letrado de la Asesoría Jurídica de esa Consejería» en un informe de mayo de 2015. En el citado documento ya se advertía de «la obligación de la Administración de velar por el adecuado destino» del dinero.

El anterior Ejecutivo socialista, empero, rehusó ejercer acciones por menoscabo de fondos públicos ante el Tribunal de Cuentas y tampoco presentar una denuncia penal. Esta inacción provocó que prescribiera la responsabilidad contable en los años 2015 y 2017.

La consejera de Empleo defendió el pasado lunes que ha cumplido con «su deber como administración pública» al denunciar ante la Fiscalía los hechos. Señaló que el Gabinete Jurídico puso de manifiesto en mayo «que hay una prescripción de la posibilidad de reclamar estos fondos tanto por vía administrativa como por vía civil, y sólo queda la vía penal».