El Gobierno de Susana Díaz dejó prescribir una deuda de 7,4 millones de CC.OO. y UGT con la Junta

La información que les reportan a los nuevos responsables de la Consejería los deja estupefactos. Descubren que las centrales de Comisiones Obreras y UGT de Andalucía deben a la Hacienda Pública hasta 7,4 millones de euros , correspondientes a los precios públicos cobrados a los usuarios por la adjudicación de plazas en estas residencias entre los años 2003 y 2006. Los sindicatos, a los que la Junta había cedido la gestión de las residencias, nunca ingresaron los fondos públicos, como estaban obligados.

Pero no acaban ahí las desagradables sorpresas. Los sucesivos consejeros de Empleo en la etapa del gobierno socialista de Susana Díaz, José Sánchez Maldonado y el hoy diputado autonómico Javier Carnero , habían rehusado ejercer acciones contra los sindicatos por el menoscabo causado a las arcas dirigiéndose al Tribunal de Cuentas o mediante la presentación de una denuncia por supuesta malversación o apropiación del dinero público, las dos alternativas que planteó el jefe de la Asesoría Jurídica en un informe de mayo de 2015 si, tal y como sucedió, la vía contencioso-administrativa fracasaba. La secuencia de hechos demuestra que no hubo voluntad para llegar hasta el final para recuperar los fondos supuestamente distraídos al erario público.

Como consecuencia, el derecho a reclamar el dinero por presunta responsabilidad contable ya ha prescrito. El Gobierno de Díaz dejó que caducara. Está por ver si la vía penal prospera. La nueva consejera de Empleo, Rocío Blanco (Ciudadanos), está decidida a intentarlo. Siguiendo las indicaciones del Gabinete Jurídico, al que se encargó un informe para conocer la posible responsabilidad contable de las organizaciones sindicales, Empleo envió la documentación a la Fiscalía de Sevilla el pasado 18 de julio, según informaron fuentes de la Junta.

El citado documento, al que ha tenido acceso ABC, apreciaba indicios «de un delito grave de malversación de caudales públicos » y alertaba de la obligación de ejercer acciones penales, toda vez que las responsabilidades contables prescribieron en 2015 y 2017, según advierte el asesor jurídico. Si la Fiscalía aprecia indicios de una conducta delictiva, un juzgado de Instrucción acabaría haciéndose cargo de la investigación penal.

Cuatro años antes, el entonces director general de Relaciones Laborales, Manuel Gabriel Pérez Marín , ya tenía en su poder un informe preceptivo firmado por el jefe de la Asesoría Jurídica, Alejandro Torres Ridruejo, con fecha del 21 de mayo de 2015.

El letrado autonómico certificaba que CC.OO. y UGT habían incumplido su obligación de ingresar a la Administración andaluza la cantidad recaudada a través de los usuarios por la gestión de las residencias, «lo cual ha provocado un enriquecimiento sin causa de los sindicatos , al retener un porcentaje mayor de ingresos que el que reglamentariamente les correspondía».

La colaboración de los sindicatos venía regulada por un decreto de 1999 que determinaba que éstos percibirían una cantidad equivalente al 20 por ciento de las plazas que adjudicasen por los gastos originados por la gestión de las mismas. Se acordó que UGT y CC.OO. cobraban a las familias el servicio y luego ingresaban el 80% restante a la Junta. Pero este compromiso se incumplió entre 2003 y 2006.

La Asesoría Jurídica recomendaba a la Junta que tramitase un procedimiento administrativo para que las cantidades que «han retenido sin causa» retornen a las arcas públicas. En el caso de que esta vía no prosperase, el letrado apuntaba otras dos vías más que no fueron puestas en marcha por el Ejecutivo anterior: la posible responsabilidad contable por alcance o malversación y la penal por un supuesto delito de apropiación indebida.

El 29 de julio de 2015, mes y medio después de que Susana Díaz fuera investida presidenta de la Junta por el Parlamento después de tres votaciones fallidas, la Secretaría General de Empleo abre un procedimiento administrativo par a reclamar 4,02 millones a CC.OO. y 3,37 millones a UGT . Las centrales recurren la resolución y el caso llega al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En dos sentencias dictadas en marzo y abril de 2017, las Secciones Tercera y Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo estiman los recursos de los sindicatos. «Aun cuando se tratara, como mantiene la Administración del ejercicio de acción por enriquecimiento injusto», la sala entiende que el derecho para exigir el cobro había prescrito.

Enterrada la vía administrativa, el Gabinete Jurídico envió a la Dirección General de Relaciones Laborales dos oficios los días 7 de abril y 8 de mayo de 2017 para advertirle de «la procedencia de exigir responsabilidades contables y, en su caso, penales conforme indicó el letrado de la Asesoría Jurídica de esa Consejería en el informe emitido» en 2015. Destacaba que el Gobierno tiene el deber de vigilar el buen uso de los caudales públicos : «Existe un crédito por importe de 7.404.143 euros a favor de la Hacienda Pública de Andalucía que no se ha ingresado. De no ser satisfechos esos créditos por los deudores, o en caso de que no prosperen las vías de reclamación […], ello en modo alguno extingue la obligación de la Administración de velar por el adecuado destino de los mismos».

El anterior Gobierno no movió ficha. Como en el caso ERE , que ha condenado a 19 ex altos cargos de la Junta de Andalucía por implantar un sistema fraudulento de ayudas, saltaron alarmas, pero no las escucharon.

La inacción ha tenido consecuencias. El último informe jurídico, del 21 de mayo de 2019, constató que «la posible responsabilidad contable de las organizaciones sindicales se encuentra prescrita» y también «la responsabilidad contable de aquellos gestores que dejaron prescribir la deuda ». Cerrada esta puerta, sólo queda un camino: la denuncia penal. La Junta ha trasladado todos los documentos a la Fiscalía. La exigencia de la responsabilidad criminal caduca a los 15 años a contar desde 2006, fecha de la última liquidación. El reloj corre en contra.