El fiscal en el juicio de Lolita Canalla: «Invercaria no podía hacer lo que quisiera, sino lo que permite la ley»

La última sesión del juicio ha tenido como protagonista a Tomás Pérez-Sauquillo, expresidente de Invercaria, quien vuelve a sentarse en el banquillo acusado de prevaricación y malversación . Ya acumula varias condenas. Ahora se enfrenta a seis años de cárcel. Junto al expresidente se sientan la empresaria beneficiada, la modista María Malo, y un empleado de Lolita Canalla, el jefe de publicidad y comunicación, Ignacio Jarillo.

Pérez-Sauquillo ha asegurado que no conocía «absolutamente de nada» a los dos restantes acusados y responsables de la sociedad Lolita Canalla, si bien, el fiscal ha apuntado a la relación de amistad del expresidente y Jarillo, « eran vecinos» . Precisamente, fue éste quien le presentó el proyecto a Pérez-Sauquillo e hizo de «interlocutor» con Invercaria.

La Fiscalía mantiene que la empresa Lolita Canalla solicitó una ayuda a Invercaria de entre 700.000 y 800.000 euros , cuando estaba «en causa legal de disolución» a la fecha de solicitar el préstamo y de iniciar los contactos con Invercaria, siendo «decisiva» en el asunto «la relación de amistad y vecindad» de Jarillo con Pérez-Sauquillo. Este último lo ha negado.

Finalmente, el préstamo se quedó en cien mil euros, pero fue por decisión «de los técnicos», según Pérez-Sauquillo, refiriéndose a Laura Gómiz y Cristóbal Cantos, exdirectora de la empresa y exdirector de Promoción de Invercaria, respectivamente. La Fiscalía ha sido muy claro cuando ha explicado que la acusación de prevaricación y malversación contra el expresidente es por la falta de análisis de la solicitud del préstamo, aunque ha indicado que no hubo solicitud documental, ni tamoco seguimiento.

Fue una «decisión» propia de Pérez-Sauquillo al margen de los procedimientos de la entidad, según el Ministerio Público, que destaca que la entidad beneficiaria no devolvió ni un euro del préstamo recibido. «No lo hizo ninguna empresa» , ha añadido el fiscal Fernando Soto.

Pero Pérez-Sauquillo ha asegurado que puso el asunto «en manos» del que fuera director de Promoción de Invercaria Cristóbal Cantos , en quien ha descargado toda la responsabilidad de esta ayuda. La enemistad entre ambos es conocida.

A partir de entonces, según ha manifestado, se «desconectó» del asunto , alegando que como presidente, se encargaba siempre de la «primera reunión» con los solicitantes de fondos y después derivaba el asunto al departamento correspondiente de Invercaria.

Sí ha reconocido que participó en la reunión celebrada el 12 de mayo de 2009 en torno al «plan de negocio» de Lolita Canalla, junto con los dos responsables de Lolita Canalla, Laura Gómiz y Cristóbal Cantos, al que ha definido como «el gran defensor» de este proyecto empresarial .

En esa reunión, según el expresidente de Invercaria, los responsables de Lolita Canalla pusieron sobre la mesa «toda la documentación» necesaria, en alusión al plan financiero, «las previsiones financieras» y otros aspectos documentales, en demanda de «unos 700.00 u 800.000 euros» porque la empresa estaba facturando unos 2,5 millones de euros anuales.

El acusado ha asegurado que Cantos, a quien ha definido como «el gran defensor» de este proyecto de inversión, no le informó de que la empresa estaba en causa de disolución y ha insistido, reiteradas veces, en que él «no analizaba» los proyectos de inversión porque no era su «función».

Fue Laura Gómiz quien tenía una posición «más conservadora» sobre este proyecto, pero no le trasladó que «ese proyecto no pudiese ser financiado». El acusado ha indicado que hubo «discrepancias» entre Cantos y Gómiz respecto al proyecto de inversión en Lolita Canalla.

Pérez-Sauquillo ha afiramdo que el préstamo puente de 100.000 euros concedido por Invercaria a Lolita Canalla fue fruto de «las conclusiones» de Cantos y Gómiz, porque él «no llevaba las negociaciones» con la empresa ni era su "función analizar" técnicamente el proyecto de inversión.

La Fiscalía considera que Cantos nunca realizó análisis del proyecto y no lo consideró apto para una inversión , reclamando «para sí» Pérez-Sauquillo el proyecto y decidiendo conceder el dinero, aunque este acusado ha insistido en que «lo decidieron ellos. Me lo plantean así. No lo decido yo».

Una vez que concluyó el interrogatorio, el fiscal Fernando Soto expuso su informe final. Invercaria era una empresa pública y, según el fiscal, «no cabe en el ordenamiento jurídico que salga un solo euro público sin seguir un procedimiento administrativo. Invercaria no podía hacer lo que quisiera, sino lo que le permite la ley ». Invercaria actuó en un «mundo paralelo» en cuanto a la ilegalidad.

Para la Fiscalía, Lolita Canalla, la empresa de María Malo, residente actualmente en Indonesia y aún en el mundo de la moda, como demuestra el hecho de que la Reina Letizia haya usado algunos de sus vestidos en sus últimos actos, no era una empresa estratégica para contar con una ayuda como empresa semilla o 'start up'.