La macrocausa de corrupción de los ERE pisa el acelerador con 42 piezas enviadas a juicio

Cuando la juez María Núñez Bolaños se hizo cargo del proceso en junio de 2015, dividió el proceso en piezas para investigarlas de forma separada , tantas como empresas y entidades (también hubo ayuntamientos) fueron subvencionadas mediante un procedimiento opaco de transferencia y reparto de fondos públicos que se prolongó en la Junta de Andalucía durante una década (2000-2009).

En septiembre de 2020, tras sus encontronazos con los fiscales Anticorrupción con cruce de denuncias incluido, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla dio un paso al lado. Decidió ceder al juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana las macrocausas de corrupción (ERE, Formación, Faffe, IDEA y Avales) que afectaban a los antiguos gobiernos socialistas, de las que éste se hizo cargo durante el año que ella permaneció de baja. El objetivo era « evitar dilaciones » y así se recogió en el plan de reparto de tareas que aprobaron la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

No se equivocaba. Casi dos años después, de la mano de Vilaplana el caso ERE ha cogido velocidad de crucero. De las 139 ramas o piezas que componen el macroproceso , según la foto fija de las diligencias que había a finales del pasado mes de abril, 42 están ya concluidas y se han remitido a la Audiencia para su enjuiciamiento, según informaron fuentes del TSJA. De ellas, 38 están pendientes de celebrarse la vista oral y las cuatro restantes se han juzgado o están juzgándose.

En la actualidad se están instruyendo 97 procedimientos o piezas separadas en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Del casi centenar de investigaciones desgajadas de la causa matriz, 75 están en fase de instrucción de diligencias previas y las 22 restantes en una fase intermedia tras haberse dictado el correspondiente auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, lo que comúnmente se conoce como auto de procesamiento.

El colapso se traslada ahora a las secciones penales de la Audiencia , que deben hacer encaje de bolillos en su agenda para afrontar la avalancha de juicios que se les viene encima en los próximos lustros.

La pieza estrella del macrosumario, centrada en el procedimiento específico de ayudas , fue la primera en juzgarse. Los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves , y otros 17 ex altos cargos de la Junta fueron condenados por montar y/o mantener el sistema que repartió durante una década 680 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y esquivando los controles. La sentencia, notificada el 19 de noviembre de 2019, está recurrida ante el Tribunal Supremo. Su confirmación o no marcará el devenir del resto de piezas que están instruyéndose o pendientes de juicio.

Con una contundente condena se saldó la causa sobre las ayudas concedidas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco). La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla condenó a siete años de cárcel al exconsejero de Empleo Antonio Fernández , y a cuatro años al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez. A la empresaria Encarnación Poto le cayeron cinco años de prisión. También se ha juzgado a los socios de la empresa Novomag, con sede social en La Línea de la Concepción, que recibió 420.000 euros sin tener actividad. Actualmente, la Sección Cuarta de la Audiencia está enjuiciando las ayudas por más de 8,4 millones de euros que recibió la red de empresas del corcho administradas por el ex alcalde socialista de Cazalla de la Sierra Ángel Rodríguez de la Borbolla , hermano del expresidente de la Junta.La juez María Núñez Bolaños dejó las macrocausas para «evitar dilaciones» y Vilaplana ha dinamizado la instrucción

Entre los acusados enviados al banquillo se encuentran empresarios beneficiados con ayudas; personas que se colaron en ERE de empresas subvencionadas donde no trabajaron (los llamados intrusos), comisionistas y ex altos cargos que ostentaron puestos clave en la Consejería de Empleo andaluza que gestionó el sistema de ayudas y en la agencia IDEA de la Junta, que actuaba como caja pagadora. En el ramillete de investigados se han excluido a ex responsables políticos que fueron condenados en la pieza del procedimiento específico.

El proceso resulta tan ingobernable que hasta a la Justicia le cuesta cuantificar a los investigados. En sus inicios llegaron a superar los 500, pero esa cifra ha ido variando a medida que se sucedían los archivos por prescripción de delitos y fallecimientos de imputados . En once años y medio ha muerto una veintena de investigados, empezando por uno de los principales protagonistas de la trama, el exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero , quien tiró de la manta. Durante la investigación del caso Mercasevilla, a finales de 2010, Guerrero declaró a la Policía que la Junta disponía de « un fondo de reptiles para crisis que tenían que afrontar empresas que necesitaban respirar». Sin saberlo, con aquellas afirmaciones abrió las compuertas del tsunami judicial del caso ERE.

El sumario ha pasado por las manos de varios jueces y no ha estado exento de polémicas. La Fiscalía Anticorrupción acusó a la juez Núñez Bolaños de incurrir en «retrasos injustificados» en los casos ERE, Avales y Agencia IDEA . El Poder Judicial rechazó su denuncia. La magistrada se tomó luego la revancha contra los fiscales que cuestionaron su trabajo. Pero la Fiscalía General del Estado dio carpetazo a su solicitud para abrirles un expediente disciplinario por supuestas calumnias.