«Cuando me jubile, emigro a Madrid para no pagar el impuesto de sucesiones en Andalucía»

Lejos de instalarse en la queja y el victimismo, este médico gaditano, que ejerció durante más de una década la abogacía, ha iniciado una cruzada judicial contra la Junta de Andalucía . Su meta es que el Tribunal Constitucional (TC) acabe con el «trato discriminatorio» que representa vivir en esta comunidad. Los distintos gobiernos autonómicos han aprovechado su capacidad normativa para aplicar una factura fiscal superior al de la mayoría de regiones que gestionan este tributo cedido por el Estado.

La historia de este David contra el todopoderoso Goliat de la Junta no ha hecho más que comenzar. Tras agotar la vía administrativa, ha anunciado la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ya ha sido admitido a trámite.

Después de una vida de sacrificios, ahorro y duro trabajo, los padres de Francisco Toledo acumularon un patrimonio, entre viviendas y locales, valorado en 1,8 millones de euros por la Junta. Con 14 años, su padre se mudó a Cádiz desde Yunquera (Málaga) con 48 pesetas en el bolsillo para trabajar como «chicuco». Era el chico de los recados en una tienda donde de noche dormía. «Tuvo la suerte de entrar a trabajar con un matrimonio de Santander que no tenía hijos y que al final acabó traspasándole el negocio, un autoservicio de alimentación. Poco a poco, fue progresando y se convirtió en e mpresario de ultramarinos », relata.

A su juicio, los bienes están sobrevalorados porque «no se tiene en cuenta el valor del mercado y si quieres venderlos no te dan ese dinero». Toledo que tiene 59 años ya está mentalizado de que su futuro pasa por instalarse en Madrid: «En cuanto me jubile, me empadrono en Madrid y me voy a vivir allí para no tener que pagar este impuesto en Andalucia».

El 21 de noviembre pasado, la Sala de lo Contencioso requirió a la Consejería de Hacienda y Administración Pública el expediente de la cuota del impuesto que abonó (exactamente, 64.974,45 euros) por aceptar la herencia familiar que dejó su madre al morir, compartida con otros cuatro hermanos. Uno de ellos, fontanero en paro, se ha visto obligado a pedir un préstamo personal de 30.000 euros a un banco para liquidar la mitad del tributo. El resto deberá pagarlo a través de cuotas trimestrales durante tres años gracias a un aplazamiento.

Una vez que el expediente llegue al TSJA, este contribuyente tendría 20 días para formalizar su demanda. Será el momento de solicitar que eleve una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal competente en la materia, el Constitucional, toda vez que «se vulnera el derecho de igualdad de todos los españoles» recogido en la Carta Magna.

El propio Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía le señaló el camino del Constitucional cuando el pasado julio desestimó una reclamación que presentó Toledo Garcés contra la liquidación para solicitar la devolución del dinero . Según explica su abogado, Juan Manuel Sánchez, la intención es llegar alTC, ya sea a través de esta demanda o agotando los recursos ordinarios.

En plena campaña de las últimas elecciones generales, el PSOE y Ciudadanos acordaron elevar el mínimo exento en las herencias de los parientes directos desde 175.000 a 250.000 euros. Pero a Francisco Toledo esta rebaja, que está íntegramente en vigor desde el 1 de enero, se le antoja «un paripé» . «Cualquier persona que se haya tirado toda su vida trabajando, ya supera los 350.000 euros», el mínimo exento a partir de ahora . «Por un euro más, se produce un salto que obliga a pagar nada o 21.000 euros», aclara.

« Hay que quitar este impuesto o, al menos armonizarlo; es injusto que tengas que pagar tres veces por unos bienes: primero, por tu padre, luego por tu madre y cuando falleces, vuelven a pagar tu cónyuge e hijos», se lamenta este médico. El tiempo y los tribunales dirán si tumba o no al gigante con su honda de recursos. La razón moral —de eso está convencido— está de su parte.