EL FRAUDE DE LA FORMACIÓN
El exconsejero Ojeda, una galaxia de empresas que recibió 52 millones de euros
Los investigadores sospechan que usó sus influencias para montar una red de empresas que captó ayudas entre 2008 y 2013
A.R.V.
La imagen abrió los telediarios el 6 de agosto de 2014. Eran las diez menos veinte de la mañana cuando Ángel Ojeda Avilés salía de un furgón policial camino del juzgado de instrucción número 2 de Cádiz. Haciéndole el pasillo, un pelotón de cámaras ... y fotógrafos dispuestos a inmortalizar el momento. Iba cubierto por unas gafas de sol y ocultaba sus manos esposadas con un jersey azul, un gesto de pudor estudiado durante tres días de reclusión en un calabozo. Cuatro horas después, abandonaba por su propio pie el juzgado sin pagar fianza pero con una sucesión de cargos emborronando su historial y con la reputación arruinada.
Había sido el dirigente de confianza en Andalucía del idolatrado Enrique Tierno Galván , el consejero andaluz de Hacienda entre 1987 y 1990, el director general de Mario Conde que había salido milagrosamente indemne de la quiebra del mayor banco de España (Banesto).
Con su fino olfato para intuir las oportunidades de negocio, Ángel Ojeda halló pronto el modo de rentabilizar la hemorragia laboral. A partir de 2007 comenzó a crear fundaciones y asociaciones especializadas en la formación a un ritmo trepidante. Tocó todos los palos: los riesgos laborales, las tecnologías, la innovación, el medio ambiente, la industria aeronáutica...
Los «cañones» de la comisión que investiga en el Parlamento andaluz el fraude de la formación apuntan ahora hacia él como el principal beneficiario de fondos públicos. Sin embargo, el PSOE se olvidó de incluirlo en su lista de 275 testimonios claves.
El «entramado empresarial» de Ojeda —como lo ha denominado María Núñez Bolaños, la juez de Sevilla que se ha hecho cargo de la investigación— llegó a contar con catorce entidades.
Entre 2008 y 2013, recibió 52,6 millones de euros en fondos públicos para formar a parados y trabajadores: 20,56 millones en régimen de concurrencia competitiva y cerca de 33 millones de euros en subvenciones excepcionales con cargo a los presupuestos a través del programa que el Gobierno de José Antonio Griñán ideó para los 1.904 trabajadores despedidos por la multinacional Delphi, asentada en Cádiz, tras su cierre en 2007. Apagar este conflicto laboral se convirtió en una cuestión de Estado. Los dirigentes del PSOE y del Gobierno andaluz sufrían escraches diarios de los afectados que les recordaban su compromiso electoral de no dejar a ninguno de ellos tirados.
Para enfriar esta patata caliente, la Junta puso sobre la mesa en julio de 2009 un plan de 106 millones de euros, consensuado con los sindicatos, que consistía en pagar nóminas y seguros sociales a los despedidos vinculándolos a la formación. Entre 2009 y 2010, Ojeda inscribió hasta una decena de asociaciones empresariales. Después de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), de la Consejería de Empleo (que recibió 41,4 millones) , él se hizo con el trozo más grande del pastel: 33 millones de euros, de los cuales 18 millones fueron a pagar contratos y 14,15 a financiar cursos. Prescal, su «holding» del sector de la formación constituido en 1996, no tuvo competencia: contaba con 60 centros con aulas homologadas en los que había invertido 9 millones de euros, además de sucursales repartidas por países como Brasil, Polonia, Chile o Gran Bretaña. Atraído por la rica veta de ayudas en juego, el exconsejero dio un paso al frente para resolverle esta complicada papeleta a la Junta en el tiempo récord de un mes.
En un demoledor informe que fue decisivo para su imputación por la juez Mercedes Alaya, la Inspección de Trabajo concluyó que su entramado de asociaciones endosó de forma indebida a las subvenciones gastos por 13,3 millones, el 39% del dinero recibido. Para estos funcionarios del Estado, el plan de formación supuso un fraude a la Seguridad Social al ofrecer de forma ficticia la condición de trabajadores a parados sólo por asistir a cursos.
La Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía abonó la teoría de los favores políticos al destacar que Teresa Florido, su cuñada, fue directora general de Formación Profesional entre junio de 2011 y abril de 2012, y que «con la única finalidad de obtener subvenciones» creó asociaciones que desaparecieron entre 2013 y 2014, cuando la Junta «cerró el grifo» de las ayudas.
Argumentos de la defensa
Algunos argumentos acusatorios se han venido abajo como un suflé con el paso de los meses. Los contrainformes que elaboró su abogado Juan Carlos Alférez resultaron tan convincentes que el juzgado no fijó nuevas medidas cautelares. Su defensa rebatió el supuesto enriquecimiento asegurando que sus propiedades (un chalé en Sevilla y otro en Sanlúcar de Barrameda) fueron comprados en 1972 y 1993. Presentó sus declaraciones fiscales para negar que intentara ocultar fondos por abrirse un depósito de 4,2 millones en una entidad financiera, EFG Bank, que reside en Luxemburgo y opera en España. El beneficio de cinco de sus asociaciones sin ánimo de lucro fue de 30.777 euros , lejos de los 3,8 millones que la UDEF estimó en Humanitas basándose en un modelo de declaración, el 347, que ofrece un análisis sesgado de las operaciones comerciales.
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