El exconsejero Fernández responsabiliza a Guerrero de la gestión de las ayudas bajo sospecha del caso ERE

Todos ellos se sientan en el banquillo por desactivar u omitir supuestamente los controles de la Administración para repartir 855 millones de euros de forma arbitraria en subvenciones para prejubilaciones y empresas en crisis entre 2000 y 2011.

Durante el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Sevilla por el procedimiento específico de dichas ayudas supuestamente fraudulentas, Fernández García ha asegurado que Guerrero « tenía la suficiente libertad y responsabilidad para saber cómo tenía que hacer su trabajo», después de que el fiscal Juan Enrique Egocheaga le preguntara si había dado el visto bueno a alguna ayuda en relación al programa 31L, que fue bautizado por Guerrero como «fondo de reptiles», aunque luego se retractó.

El exconsejero de Empleo desde 2004 a 2010, que se enfrenta a una petición de 8 años de prisión y 30 de inhabilitación por supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, ha afirmado que Guerrero no le consultó la concesión de ninguna ayuda y que la cuantía de las mismas la decidía el propio director general «sobre la marcha» y dependiendo de cada caso concreto. «El cuánto es una decisión que toma el director general de Trabajo sobre la marcha, no la consulta con el consejero», puntualizó, tras insistir en que ejerce esta gestión «bajo su responsabilidad y autonomía».

Fernández ha declarado en el tribunal que «nunca le he dado una orden para que conceda una subvención al señor Guerrero y así lo ha ratificado él» y tampoco «ordené ni consentí ningún tipo de pagos» con cargo a la citada partida presupuestaria de la Junta para financiar campañas de publicidad del Servicio Andaluz de Empleo, minutas de abogados ni cursos de riesgos laborales.

Sin embargo, esta afirmación contrasta con una carta firmada por él y dirigida Francisco Mencía, por entonces director general del IFA/IDEA, el ente instrumental que utilizaba la Consejería de Empleo para pagar las ayudas que concedía.

En dicha misiva, que le mostró en la sala el fiscal, el propio Fernández da una indicación a Mencía, al que se refiere como «estimado Paco» para que desbloquee el pago de una ayuda de 3,5 millones a la Asociación de la Faja Pirítica de Huelva con cargo a la partida de los ERE, a la que se refiere como « el programa de Javier Guerrero en términos coloquiales », según ha admitido.

Al ver esta carta, el exconsejero ha relatado que «toda regla tiene su excepción y mi jefe de gabinete viendo el importe y la problemática del abono que suponía dejar sin el sueldo a extrabajadores entendía que yo tenía que decirle que pagara al IFA».

Fernández ha descargado la responsabilidad en Guerrero sobre la percepción de las ayudas de forma insistente. « Tenía la autonomía y era responsable de la gestión ». También ha defendido que «los verdaderos destinatarios de la información de ayudas sociolaborales eran los comités de empresa y las centrales sindicales» porque éstas eran las firmantes de los acuerdos de concertación social suscritos por la Junta, los sindicatos y la patronal.

Por último, el ex alto cargo andaluz, licenciado en Derecho, ha reconocido, como hizo el pasado lunes, que «no existía norma» específica para dar ayudas sociolaborales porque en 2001 se aprobó un reglamento de subvenciones por parte de la Consejería de Presidencia que contemplaba las ayudas excepcionales.