La juez Núñez aún no ha abierto la investigación de las ayudas de Mercasevilla, el origen del caso ERE

Mediante la citada resolución, la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla rechaza una solicitud de la defensa del exdirector general de Trabajo Daniel Alberto Rivera Gómez para ser apartado de la causa troncal de los ERE, las denominadas diligencias 174/2011.

Para ello el letrado de este ex alto cargo esgrimió que la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha establecido que los ex altos cargos que fueron investigados por el procedimiento de reparto de ayudas —como fue su caso, aunque finalmente fue exculpado— no podrán ser perseguidos penalmente en otras piezas separadas por ayudas concretas. Sin embargo, la Sección Primera de la Audiencia, que juzga a 22 ex altos cargos de la Junta Andalucía , determinó que el juicio no abarcaba las más de 270 ayudas individuales sino el procedimiento específico de concesión y financiación de los ERE.

La juez Núñez no acepta sus argumentos, al menos por ahora. «Ninguno de los razonamientos que expone la parte pueden suponer el sobreseimiento en las presentes diligencias previas, en cuyo seno, salvo error u omisión, aún quedan por desgajar veintitrés piezas ». Anuncia que es su objetivo «sacarlas» de la causa troncal de los ERE «lo que conllevará el sobreseimiento y archivo» que solicita.

Entre las diligencias pendientes de separar e impulsar su investigación están, además de Mercasevilla, Gestifesa, Inverjaén, Cervezas Alhambra, Sucesores José Sánchez Marcos, Cerámica Syre, Pickman, Martínez Barragán, Aceites Coosur, Altadis, Astilleros de Huelva, Hytasal, Naval de Cádiz o Asociación Trabajadores de Prensa de Cádiz .

La anterior instructora, Mercedes Alaya, empezó a desenredar la madeja de los ERE tras recibir una grabación, publicada en primicia por ABC, que desvelaba un intento de soborno por parte de la anterior cúpula de la empresa municipal Mercasevilla . Los exdirectivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, exigieron a dos empresarios hosteleros 450.000 euros a cambio de la concesión para una escuela de hostelería, hechos por los que ya han sido condenados.

Tirando de este hilo, la juez descubrió la presencia del primer intruso en la lista de trabajadores beneficiarios de subvenciones para prejubilarse. Era Antonio Garrido Santoyo, ex miembro de UGT y exdirigente del PSOE de Baeza (Jaén) . Figuraba como prejubilado en un ERE de Mercasevilla en 2007 a pesar de que nunca trabajó para esta sociedad. Alaya decide a partir de ahí investigar otros expedientes de regulación de empleo de otras empresas financiados.

Por otro lado, la juez Núñez ha archivado la causa por una ayuda excepcional de 307.963 euros a favor de Metalgráfica Malagueña concedida en el año 2004 y declara «prescritos los delitos de prevaricación y malversación por los que se incoa esta pieza».