El exconsejero Ángel Ojeda se contrataba a sí mismo para cobrar tres millones en subvenciones para cursos

De un total de 3,12 millones de euros que presentaron ante la Junta de Andalucía cinco sociedades «sin ánimo de lucro donde el señor Ojeda aparece en los órganos de gobierno o decisión», sólo 104.554 euros (apenas un 3,3 por ciento) encajaban dentro de los gastos subvencionables, es decir, cumplían los requisitos que estipula la Ley General de Subvenciones, según el citado informe encargado por el juzgado en junio de 2016 para analizar la justificación de las ayudas recibidas.

Este informe, que fue dado a conocer este lunes por la secretaria general del PP andaluz, Loles Lopez , ha estado envuelto de cierta polémica. No fue notificado a las partes hasta el 27 de junio pasado, dos días después de que ABC publicara que la Fiscalía Anticorrupción proponía al juzgado apercibir a altos cargos de la Consejería de Empleo por « desobediencia y obstrucción a la Justicia ». Argumentaba que en la Junta de Andalucía no facilitaba al perito de la Intervención los expedientes necesarios para hacer su trabajo, extremo que Empleo negó.

Del Grupo Prescal colgaba una decena de asociaciones y fundaciones del entramado creado por Ojeda , que recibió entre 2009 y 2011 un total de 33,3 millones de euros en ayudas autonómicas para formar a exempleados de Delphi, a los que el expresidente de la Junta Manuel Chaves prometió que no iba a dejar «tirados».

El perito pone la lupa sobre una quincena de subvenciones que ascienden a 14,51 millones de euros entre 2009 y 2011. De esta cuantía, 3,12 millones corresponden a ayudas del ejercicio 2011, destinadas a organizar cursos enfocados a la industria aeronáutica, las energías renovables y, en algún caso, la administración y el marketing.

El informe concluye que las entidades subvencionadas seguían una pauta idéntica que consistía en contratar «a una empresa vinculada a la beneficiaria» gastos como la contratación de docentes para los cursos por importe de 1,4 millones . Dichos contratos «no pueden ser considerados subvencionables, al haberse realizado entre partes vinculadas y sin contar con autorización previa de la Administración, que hubiera velado por que los precios» se ajustaban a los costes de mercado. El perito destaca que, por ejemplo, una de las entidades beneficiarias, Innova, subcontrata a Qualitarie Consulting. Tanto en una como en otra aparece Marcos Ojeda , hijo del exconsejero, «con cargo de representación».

A las ayudas se endosaron gastos de personal que «no guardan correlación alguna con la actividad de la subvención», como «un elevado número de teleoperadoras contratadas », por ejemplo, para una campaña de captación de clientes en una compañía telefónica. «Se llega a dar incluso el caso de incorporar las nóminas de personal contratado para labores de limpieza —como hace la asociación Natura— o de un ayudante de camarero —en el caso de Inteca—», señala. El informe concluye que 231.623 euros de estos costes no tienen cabida en la ayuda.

El mismo esquema se repite con los gastos de alquiler de equipamiento e instalaciones.Las asociaciones subvencionadas «no disponían de estructura alguna para prestar los servicios y acudían a empresas estrechamente vinculadas para realizar el negocio mercantil». El interventor estima que se endosaron de forma irregular a ayudas gastos por importe de un millón de euros con proveedores como Prescal y Forpe, ambas presididas por Ojeda. Dedica un apartado al alquiler de instalaciones del extinto Centro de Formación de Técnicas Industriales de San Fernando, perteneciente a la Junta y cuyo contrato no consta.

Las cinco asociaciones justifican ayudas con facturas de una sede arrendada en Sevilla, por importe de 48.164 euros al mes, para cursos que se impartían a más de 120 kilómetros de distancia , en San Fernando y El Puerto.

Pero el perito encuentra otras incongruencias: gastos de papelería «exageradamente desproporcionados», como la compra de 750.000 hojas de papel A4 (6.080 euros) , 5.000 tapas de encuadernación (4.731 euros) por parte de la entidad AEA. Sus proveedores les facturan 27.353 y 4.480 euros, respectivamente. «Se desconoce cuál es la razón de tan ingente consumo para 90 personas de material de oficina cuando el curso es eminentemente práctico y orientado a la aeronáutica», apunta el perito de auxilio judicial.

La número dos del PP-A, Loles López , exigió ayer a Susana Díaz que «pida perdón a los andaluces por el daño causado a miles y miles de parados» porque «se saltaron todos los procedimientos». Tras preguntarse «qué hizo la Junta de Andalucía y el PSOE», concluyó que «mirar hacia otro lado».

Fuentes de la defensa del exconsejero de Hacienda aclaran, en cambio, que el hecho de que el perito, desde un criterio técnico, considere que determinados gastos no son elegibles según la ley no significa que el dinero no se haya gastado íntegramente en la formación , algo que no se pone en duda, matizan.