La auditoría de la Junta de Andalucía denuncia la 'maraña' burocrática de las ayudas a la dependencia

Su conclusión es que el ‘entramado’ burocrático, tal y como está diseñando, provoca que « en la mayor parte de los casos, las solicitudes sean erróneas », lo que obliga a empezar los expedientes desde cero. Se establecen dos procedimientos administrativos encadenados: uno para reconocer el grado de dependencia, en el que intervienen los ayuntamientos, y otro para resolver la prestación o servicio que disfrutará cada persona, que compete a la Junta.

La consecuencia es « una alta carga de trabajo administrativo y retrasos en la tramitación de los expedientes », advierte el informe consultado por ABC. La actual Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, que dirige Rocío Ruiz (Ciudadanos), aprobó hace once meses un decreto-ley que trata de poner remedio a este laberinto burocrático al permitir que la petición de ayuda pueda registrarse en la sede electrónica de la Junta, que funcionaría como una ventanilla única.

La auditoría elaborada por Price Waterhouse Coopers dedica un apartado específico al procedimiento de reconocimiento de la dependencia, la actividad principal de la agencia. La norma autonómica de 2016 determina que los servicios sociales de los ayuntamientos realizan una primera revisión de la solicitud y envían los expedientes en papel a las delegaciones territoriales de la Consejería, que deben grabar la información y revisar otra vez cada petición .

Son expedientes de ida y vuelta, un contrasentido, a juicio de los auditores. «Se ha detectado que, en la mayor parte de los casos, dichas solicitudes son erróneas, por lo que es necesario enviar de nuevo el expediente de forma física a las entidades locales para que contacten con el usuario, subsanar las incidencias, e iniciar de nuevo un procedimiento». Todo ello «provoca retrasos muy relevantes en los tiempos de tramitación de los expedientes», avisan.

Una vez que la delegación comprueba que la solicitud de ayuda es correcta y resuelve el grado de dependencia, vuelven a entrar en juego los ayuntamientos. Éstos visitan en el domicilio al solicitante para elaborar el Plan Individualizado de Atención (PIA), que determina el tipo y la cuantía de la ayudas que le corresponde. Este informe es enviado de forma física a las delegaciones territoriales de la Junta para su validación y resolución, «provocando de nuevo retrasos».

Para terminar de complicarlo todo, coexisten «diferentes sistemas de información», que obligan a «grabar la misma información varias veces o cargarla de forma masiva de unos sistemas a otros», detalla el informe. Todo ello «resta agilidad a al agencia», para desesperación de los dependientes , que tardan años en recibir las atenciones a las que tienen derecho. Según la Asociación Estatal de Directores Gerentes de Servicios Sociales, 6.306 andaluces fallecieron en lista de espera en los siete primeros meses de 2021.

Los expertos que han analizado la entidad autonómica saludan el cambio del sistema que promueve la Consejería de Rocío Ruiz a través del decreto ley 24/2020 del 22 de septiembre. Se eliminan trámites innecesarios y moderniza el sistema de registro de datos . Por ejemplo, si la Junta comprueba que la solicitud es incorrecta, se pone en contacto directamente con el usuario para subsanarla. También establece que las visitas a domicilio para valorar al dependiente sean realizadas por las delegaciones territoriales. Estas mejoras están en fase de implantación.

La auditoría señala que «no se puede concluir que la fórmula jurídica de la Assda permita prestar los servicios en Andalucía de forma más eficiente que en el resto de comunidades». No obstante, reconoce que « obtiene buenos resultados de cobertura en el servicio de dependencia , ayuda a domicilio y teleasistencia si se compara con otras comunidades en el año 2018».

La secretaria general del PSOE en el Parlamento andaluz, Soledad Perez , aludió el pasado martes a la citada auditoría para sacar pecho por la gestión de su partido y acusar a la Junta de «demonizar» las agencias públicas. «Las auditorías encargadas por el Gobierno del PP y Cs reconocen que la Assda funciona estupendamente , que cumple con sus funciones y sus fines, pero cuestionan el carácter público de la teleasistencia», criticó. En concreto, lo que plantea la auditoría es que «se podría considerar la externalización» de este servicio».