La 'herencia envenenada' del PSOE en la Junta de Andalucía: hoteles en ruinas, cortijos y una fundación olímpica

Once años después, los 156.750 metros cuadrados reservados para este polígono puntero son un secarral donde no se afinca ninguna empresa . No se ha logrado vender ni una sola de las parcelas asfaltadas que languidecen entre jaramagos. En los últimos dos años no registra ninguna actividad. Soland encarna una de las inversiones espectrales que dejaron los 37 años que el PSOE gobernó la comunidad más poblada del país (8,4 millones de habitantes). Pero hay muchos más ejemplos de infraestructuras ruinosas y costosas de mantener repartidas por la geografía andaluza.

Las auditorías contratadas por el Ejecutivo de Juanma Moreno para analizar 54 entes públicos instrumentales de la Junta de Andalucía, han sacado a la luz cuatro villas turísticas y cinco albergues juveniles fantasmas , obsoletos y clausurados desde hace tres lustros; casi 5.000 fincas agrícolas sin uso, algunas de ellas con almacenes y cortijos; una bodega en Montilla con sus barricas de vino que se utilizó «de manera puntual y aislada en el pasado», y hasta una fundación olímpica que los informes fiscalizadores recomiendan liquidar e integrar a su único trabajador en la Consejería de Educación y Deporte. El objetivo de esta radiografía era averiguar si hay que liquidar, mantener o fusionar la maraña de agencias, empresas y fundaciones que ha heredado el nuevo Gobierno del PP y Ciudadanos tras las elecciones del 2 de diciembre de 2018.

La radiografía muestra cómo el socialismo construyó un enorme aparato político y administrativo en torno a la Junta de Andalucía , convertida en la mayor empresa de la región. Exprimiendo al máximo el presupuesto público y el dinero que llegaba a espuertas desde Europa, el Gobierno autonómico actuó como gestor hotelero, terrateniente de fincas agrícolas e incluso hizo sus pinitos como viticultor.

La ruta por el despilfarro de la etapa socialista comienza a las puertas del Parque Nacional de Doñana. En un terreno próximo a las centrales eléctricas de termosolar de Abengoa, a las afueras de Sanlúcar la Mayor, el 20 de enero de 2012 el entonces consejero de Economía, Antonio Ávila, clavó la pala con su pie simulando a un obrero en el acto simbólico de la primera piedra del futuro ‘Silicon Valley’ de las energías renovables. Sobre los planos se dibujaba un parque puntero de 30 hectáreas , ampliables hasta 200, donde iban a desembarcar más de cien empresas que crearían 2.500 empleos.

La Junta firmó un acuerdo con Abengoa para la puesta en marcha de un centro de I+D con un laboratorio de caracterización de materiales, células fotovoltaicas y nanotecnología. El Gobierno andaluz aportó 3,4 millones de euros a través de incentivos de distinta clase . Otra parte de la financiación provenía del Gobierno español y la multinacional sevillana, en concurso de acreedores desde febrero e intervenida por un juez.

Una mole de hormigón gris , el edificio arrendado a Abengoa, se yergue en medio de un paisaje desolador, como testigo mudo de lo que pudo ser y no fue. Soland tiene «una ocupación de 0%», destacan los auditores que han estudiado la sociedad pública. Sin ingresos ni actividad, el parque se ha depreciado en 3 millones de euros y mantenerlo costó 291.585 euros en 2019.

Aún más profundo es el agujero que ha dejado el Parque Científico y Tecnológico de Rabanales 21 en Córdoba en las cuentas de la sociedad pública Soprea. La entidad de la Junta enterró 4,71 millones de euros en un complejo igual de fantasmal y en quiebra.

La fábrica de Santana Motor constituyó otro pozo sin fondo para el dinero público. En 1995 la Junta compró a Suzuki la factoría de Linares, en Jaén, por una peseta. Fue un regalo envenenado porque el Gobierno de Manuel Chaves se gastó 99 millones de euros en levantar la suspensión de pagos que pesaba sobre ella tras la marcha de los japoneses. Fracasados todos los intentos por hallar a otro socio capitalista que la reflotara, después de invertir 600 millones de euros , a Santana se le acabó la gasolina. En febrero de 2011 el Ejecutivo socialista echó el candado y desde 2020 ya no figura en la cartera de empresas participadas por la Junta.

La Red de Villas Turísticas S.A. es la siguiente estación en este recorrido por las infraestructuras espectrales. En septiembre de 2009, la Administración constituye una sociedad anónima con el único objetivo de explotar nueve establecimientos hoteleros y fomentar el turismo en zonas rurales de la comunidad. De las nueve instalaciones, cinco están funcionado y las cuatro restantes permanecen cerradas desde hace más de una década, la mayoría no contaba siquiera con licencia de actividad. Se trata de las villas de Pinar de la Vidriera (Granada), Fuenteheridos (Huelva), Axarquía (Málaga) y Cazalla de la Sierra (Sevilla). Representan « un lastre relevante para la cuenta de explotación de la sociedad debido a que no aportan ingreso alguno pero sí suponen unos costes fijos significativos, entre ellos el canon pagado a Patrimonio Andaluz, el personal de servicio de vigilancia, el impuesto de bienes inmuebles y el coste de determinados suministros», alertan los auditores.

Los andaluces aún están pagando la factura de la pólvora del rey . La Administración destina cada año 5 millones de euros a mantener una sociedad con 114 trabajadores cuyas pérdidas rozan los dos millones. El nivel de ocupación media era del 47% en el año 2018, diez puntos por debajo de la media del sector hotelero. En la villa de Cazalla, que echó el candado en 2006, la suciedad y el abandono ha ganado el terreno cedido por los turistas.

En cinco albergues no se escucha desde hace años el ruidoso trasiego de las maletas. Para los auditores, la empresa pública Inturjoven, que gestiona veinte instalaciones de la Red Nacional de Albergues Juveniles, tampoco va sobre ruedas. Dispone de la cesión de uso de cinco instalaciones que no explota y que generan a los andaluces unos costes fijos de 3,5 millones de euros al año. Se trata de Río Madera, Maribáñez, La Puntilla, Campamento Chipiona y El Chaparral . Con una ocupación media del 33%, la actividad de once de ellos resulta «insostenible a medio y largo plazo», señala el informe. La gestión del personal tampoco ayuda. En Málaga, por ejemplo, hay tres directores por cada uno de los albergues abiertos. La auditoría pide «evaluar la carga de trabajo».

La Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, dependiente de la Consejería de Agricultura, es uno de los principales latifundistas de la comunidad. La Junta de Andalucía dispone de 245 fincas infrautilizadas con más de 4.912 hectáreas, que pertenecían al desmantelado Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA). La Junta planea deshacerse de ellas vendiéndolas a asociaciones y cooperativas, como la que fundó el alcalde comunista de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo , que se hizo popular por sus simbólicas ocupaciones de fincas y asaltos a supermercados en verano.

En 2011, el Gobierno de José Antonio Griñán intentó subastar 19.851 hectáreas de terrenos agrícolas por 75 millones de euros. «La Junta no es agricultora» , se justificó entonces su consejera de Agricultura, Clara Aguilera. La operación no salió como esperaba: la mayoría de fincas se quedó sin vender y sólo se ingresaron 10 millones. Fue esta misma exconsejera y hoy eurodiputada del PSOE la que en marzo de 2011 inauguró una bodega para vinos tintos, sala de embotellado, degustación y cata en una estación enológica de Montilla. Estas instalaciones, donde se gastaron 1,2 millones, carecen por completo de actividad.