Una cuñada de la juez Núñez es la encargada de los pagos de la Agencia IDEA

El escrito presentado por el PP andaluz al juzgado de instrucción número 6 alerta de que la juez impuso a este partido una fianza de 30.000 euros para personarse en la causa de las transferencias de financiación. Los populares recurrieron la decisión y la Audiencia obligó a Núñez Bolaños a motivar esta decisión. En consecuencia, la instructora hizo un razonamiento para justificar esta fianza que al PP ha llamado la atención.

Concretamente, dice que «esta es una causa que, de instruirse como insistentemente solicita el Partido Popular, podría convertirse en una causa de dimensiones y con afectados, personalidades políticas de signo contrario al partido que ejerce la acusación popular, aún mayor que la de los ERES». Para la letrada del PP que firma el escrito, Lourdes Fuster, esto es un «prejuicio, salvo que tenga información extrajudicial contrastada que le permita llegar a esta conclusión». Y a partir de ahí expone el nexo familiar de la juez con la responsable de los pagos de IDEA, la agencia que está en el centro de todo el escándalo de los ERE porque de ahí partían los fondos de la famosa cuenta 31L.

Según el escrito popular, «hemos tenido conocimiento que la técnico del Área de Control y Seguimiento de la Dirección de Finanzas de IDEA, según ella reconoce en su perfil de Linkedin, es doña María Guija Villa, hermana de Julio Guija Villa, que es el cónyuge de doña María Núñez Bolaños ». Es decir, la responsable de los fondos públicos que maneja la Agencia IDEA, «incluidas las transferencias de financiación provenientes de las consejerías de Empleo e Innovación, María Guija Villa, es la cuñada de la juez María Núñez Bolaños, que es quien investiga el uso inadecuado de las transferencias de financiación de la Agencia IDEA».

Pero el PP va incluso más allá en su denuncia y asegura que «también hemos conocido el irregular acceso al puesto de trabajo de María Guija, que al parecer accedió a un contrato de trabajo indefinido de la Agencia IDEA en el año 2003 , de la mano del entonces secretario general, Francisco Oyonarte, para el que trabajó en un primer momento, hasta tal punto que María Guija podría ser una de las 12 personas contratadas con carácter indefinido por el IFA (nombre anterior de IDEA) durante el ejercicio 2003, cuya contratación se ha realizado vulnerando los principios y el procedimiento establecidos en el artículo 15 del convenio colectivo». Se acoge el PP para denunciar esto al informe de la Intervención General de la Junta sobre el IFA referido al año 2003, donde se ponen de manifiesto estas supuestas irregularidades en la contratación.

En este contexto, el escrito de recusación alude al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que recoge que «toda persona tiene derecho a que su causa sea oída por un tribunal independiente e imparcial establecido por la ley», por lo que la primera causa para recusar a Núñez Bolaños que expone el PP es «tener interés directo o indirecto en el pleito». De hecho, Fuster interpreta que la motivación que da la juez para imponer una fianza de 30.000 euros a la acusación popular sitúa «a los posibles investigados más como perjudicados por la investigación que como posibles responsables de conductas e infracciones penales que han afectado gravemente al erario público andaluz» y entra «en valoraciones de contenido político que son ajenas al ejercicio de la jurisdicción y contrarias a la división de poderes».

Además, añade el escrito, «ese interés directo se ve reforzado cuando ahora sabemos que en los hechos investigados pudiera haber participado y estar implicada su cuñada María Guija y sus superiores mediatos o inmediatos y que, a través de la misma, pudiera haber obtenido ciertos datos o informaciones de manera extrajudicial que le hayan llevado a formar unos prejuicios incompatibles con la imparcialidad». Y a esto hay que sumar un posible «interés directo por mantener un control exhaustivo de la causa , sin presencia de otras partes incómodas para ella, en aras de evitar que su cuñada sea llamada al proceso como investigada». La juez tiene ahora un plazo para contestar a esta acusación.