Un cuarto de siglo de Gobierno andaluz en el banquillo de los acusados

Manuel Chaves fue elegido presidente andaluz en 1990 y dimitió por sorpresa en la Semana Santa de 2009, cuando aún ni se barruntaba la magnitud del escándalo de los ERE . Su sustituto fue el entonces vicepresidente, José Antonio Griñán, según algunas fuentes contra la opinión de José Luis Rodríguez Zapatero , entonces secretario general del PSOE y quién prefería una renovación personalizada por Mar Moreno . Ya señalado por la investigación de Mercedes Alaya , Griñán dimitió como presidente de la Junta de Andalucía el 27 de agosto de 2013. El Ministerio Fiscal pide para él una pena de seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por los delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación en el fraude, mientras que para Chaves, procesado por un delito de prevaricación continuada, pide diez años de inhabilitación especial.

Pero el escándalo no se limita a «la cúspide de la pirámide» , como señaló en alguna ocasión la juez instructora. No se juzga comportamientos individuales, sino la corrupción de un sistema político . En total, son 26 ex altos cargos de la Junta los que se enfrentan a penas de prisión de hasta 8 años. Entre ellos se encuentran seis exconsejeros de sus respectivos gobiernos, dirigentes clave como el exvicepresidente Gaspar Zarrías y la exministra de Fomento Magdalena Álvarez por su etapa como consejera de Economía y Hacienda.

Gaspar Zarrías , quien ya fue consejero con José Rodríguez de la Borbolla , se convirtió en la mano derecha de Manuel Chaves desde 1996, cuando fue designado consejero de Presidencia. Un año antes de abandonar la Junta, en 2008, fue designado vicepresidente primero. Zarrías era el hombre que controlaba toda la administración andaluza , la persona que hacía y deshacía a su antojo. El fiscal pide para él diez años de inhabilitación.

Magdalena Alvarez llevó las riendas de las finanzas andaluzas entre 1994 y 2004, cuando fue reclamada por Rodríguez Zapatero como ministra de Fomento. Si Zarrías era el soporte político, Alvarez representaba el pilar económico del Gobierno de Chaves. El fiscal le pide la misma pena que a Zarrías.

Junto a ellos, el fiscal pide penas de cárcel para integrantes clave de los gobiernos de Chaves y Griñán. Es el caso de José Antonio Viera , quien ocupó la cartera de Empleo y Desarrollo Tecnológico de 2000 a 2004. Viera era una de las personas clave para Chaves, ocupando cargos como la secretaria general del PSOE sevillano, la Delegación de la Junta en Sevilla o la coordinación de las tareas de recuperación tras el desastre ecológico de Boliden .

Otros consejeros para los que se pide ocho años de cárcel son Francisco Vallejo , uno de los fijos en los sucesivos gobiernos de Chaves, así como Carmen Martínez Aguayo , la persona de confianza de Griñán para elaborar y gestionar los presupuestos andaluces. También se pide la misma pena para Antonio Fernández , ex consejero de Empleo.